Santa Rosa (2b) – Los fiscales Máximo Paulucci, Marcos Sacco y Verónica Ferrero -Walter Martos y Mónica Rivero no estuvieron- informaron este miércoles que terminaron la investigación de seis meses y elevaron la acusación el martes. «La teoría del caso es la que se viene sosteniendo, la hipótesis tiene una expectativa punitiva de máximo que implica perpetua», dijo el fiscal general.
El equipo de fiscales que se hizo cargo del caso acusó a Espósito Valenti y Paéz durante una conferencia de prensa en la Fiscalía de «Homicidio calificado» y «abuso sexual agravado».
El próximo paso es una audiencia para ofrecer pruebas, después de cinco días. «Básicamente en esa audiencia se discute la prueba que llegará al juicio», explicó Ferrero.
El juicio oral, según trascendió, podría realizarse este mismo año, aunque también cabe la posibilidad de que haga el año próximo. La Oficina Judicial es la que debe fijar fecha. «Estamos dentro de los plazos, el tiempo fue razonable respecto a lo que se extendió la investigación a partir de la complejidad del caso», dijo la fiscala.
«Hay evidencias y pruebas que son suficientes para considerarlas autoras del hecho», señaló Paulucci.
En ese sentido, Sacco aclaró que las pruebas que tienen se discutirán en una audiencia, donde se determinará cuáles son pertinentes para incluir en el futuro debate oral. «La fiscalía propuso 50 testigos, más prueba documental e informativa», precisó.
Aclaró que la defensa también tiene su «teoría del caso» y puede aportar pruebas o cuestionar algunas de parte de la fiscalía.
Sacco descartó la participación de terceras personas y también la versión de que hubo un robo en el episodio, según alegaron algún momento desde el entorno de las imputadas. Las dos acusadas no declararon hasta ahora. Aunque podrían hacer uso de ese derecho en el debate oral y público que se llevará a cabo.
El juicio «seguramente se hará en Santa Rosa», dijeron los fiscales, aunque consideraron que la magnitud del juicio hará que haya entre 10 o 15 jornadas de audiencia. Todavía no está conformado el tribunal que se hará cargo del debate.
«Lo que hace compleja a la causa, es que las dos personas a cargo del niño son coimputadas, con lo cual no tenemos terceras personas ni testigos que hayan visto qué aconteció. Con lo cual se trabajó con lo que quedó en el inmueble y otras pruebas que hay que discutir ante el juez de control», explicó «Eso lleva su tiempo, de ahí la complejidad. No solo lo ordena la fiscalía, sino lleva un trámite especial, necesitamos la autorización del juzgado de control. Pero en seis meses y medio pudimos recolectar la prueba», señaló.
Sobre las penas previstas para la acusación, Paulucci indicó que hay dos delitos, con penas máximas de 20 años en el caso de delito sexuales, pero como también se le imputa la muerte en forma intencional y con agravantes, la pena prevista como «única opción» en caso de condena es la prisión perpetua.
El fiscal dijo que primero se contactaron con el abogado querellante y la familia, antes de brindar información pública. No quiso adelantar posición sobre la postura de la querella, que promueve como agravante la hipótesis de un supuesto de «crimen de odio de género».
«Pretendemos que el juez de control nos diga que esto tiene que ir a juicio. Y estaremos preparados para ese momento», precisó.
Los fiscales aclararon que no investigaron responsabilidades de organismos públicos de Salud o de Educación. Y que no surgieron de la investigación indicios que pudiera derivar en una causa aparte en ese sentido.
Las dos mujeres permanecen detenidas en una cárcel de San Luis desde fines del año pasado y están imputadas por el crimen del niño.
Foto: Plan B
