Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – Un grupo de intendentes de todo el país se pronunciaron a través de un comunicado para respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la fecha previa al conocerse el alegato final del fiscal de la causa Vialidad Diego Luciani, que mañana solicitará una condena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Hubo 7 jefes comunales pampeanos que sellaron su apoyo en el documento.
En el texto, que nuclea a jefes comunales de de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, se advierte sobre el uso del sistema judicial “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
De nuestra provincia, 7 jefes comunales firmaron el documento que apoya a la ex presidenta: Luciano di Nápoli (Santa Rosa), Saúl Echeveste (Telén), Oscar Gatica (Algarrobo del Águila), Leonardo Pereyra (La Humada), Hugo Martínez (Loventuel), Mónica Valor (Luan Toro) y Oscar Rodríguez Huarte (Carro Quemado).
Además, se sostiene que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, completaron los intendentes de distritos del interior del país.
El pasado viernes, los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.
El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este pronunciamiento de los jefes comunales va en sintonía con la campaña desplegada por La Cámpora, que difundió e instrumentó pintadas en diversos puntos del conurbano bonaerense con la consigna “todos con Cristina”. El mismo tiempo, la agrupación política publicó un video en las redes sociales en la que editó comentarios de un grupo de periodistas para formar una frase: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va armar (sic)”.
