Santa Rosa (2b) El proyecto fue presentado por los legisladores Alicia Mayoral y Roberto Robledo y se empezó a tratar en un Plenario de comisiones de Legislación Social y Legislación General.
Al espacio, asistieron Lorena Fernández de la cooperativa “Dignidad Laboral”, María Inés Ortellado que integra colectivos de acompañantes terapéuticos, y Carla Villar en representación de padres de pacientes.
En su exposición, Villar contó las dificultades que le toca vivir en la crianza de su hija de 8 años, quien tiene hipoacusia, dificultad motriz y un retraso madurativo. “Hay que hacer una verdadera inclusión, porque inclusión no es sacarla de un colegio donde estaba bien, ya que ahora, por ejemplo, me llaman a cada rato por cualquier inconveniente porque las maestras no están autorizadas para tomar cartas en el asunto”, explicó.
“La acompañante de mi hija gana 16 mil pesos que entran desde su obra social. La diferencia la tenemos que poner nosotros, entonces yo trabajo para dárselo a la acompañante. Mi hija aprendió a escribir gracias a que hay una persona desde las 8 de la mañana ayudándola, es decir, es fundamental que ella esté”, dijo.
“Mi hija va a tercer grado, pero a mí no me sirve que por esto de la educación inclusiva la pasen a cuarto grado pero sin saber leer y escribir bien. La verdad es que cuando no está la acompañante, en el colegio mi hija duerme”, advirtió y pidió que “si no se puede trabajar de buena manera en una ley, entonces abran los colegios especiales, porque yo sé que ahí ella va a tener una herramienta para el día de mañana”.
Por su parte, Ortellado se refirió al registro de acompañantes terapéuticos. “Creemos en un código de ética, por eso veo necesario la creación de un registro de acompañantes terapéuticos para saber cuál es la especialidad de cada uno. Yo por ejemplo me especializo en género”, dijo.
Para aclarar la importancia del rol de los y las acompañantes, Fernández contó que “trabajamos en muchas áreas, desde salud mental hasta niñez. Cuando hay violencia de género, también se requiere acompañante terapéutico, o cuando hay un caso de desalojo. Por ahí sólo se piensa en niños que nacen con alguna discapacidad, pero a cualquiera le puede pasar que le ocurra una enfermedad o un accidente y precise de acompañante”.
Durante la ronda de preguntas, la diputada de la UCR, Agustina García, consultó por el pago de las obras sociales y cuánto deberían percibir. “Las provincias que tienen Incluir Salud perciben 1500 pesos la hora, mientras que las que no tienen legislación, 900 pesos. Acá se está cobrando 342 pesos la hora”, reveló Ortellado.
A su vez, Fernández pidió que “se nivele con las otras provincias”. “Por ejemplo acá el módulo de 3 horas diarias de lunes a sábado es de 18 mil pesos al mes. Esto tiene que ver con la vulnerabilidad de los que más necesitan. Es una cuestión de humanidad social. Hay acompañantes que laburan de albañil y de electricista para poder llegar a fin de mes. No abandonamos nuestra profesión porque es lo que amamos”, lamentó.
Más adelante la legisladora Laura Trapaglia preguntó a las invitadas si el proyecto cumpliría sus expectativas. “Sí, pero también hay que considerarla a la profesión como ‘crítica’, porque por ejemplo hay casos que son tranquilos, pero otros donde se trabaja con una persona con Alzheimer y demencia senil y ha ocurrido que el paciente piensa que la acompañante es un ladrón y es perseguida por el señor con un cuchillo. Entonces hay un desgaste que hay que reconocer”, alertó la representante de “Dignidad Laboral”.
Por último Sandra Fonseca también consultó por la presente iniciativa y Fernández respondió: “Sabemos que es difícil sacar un proyecto, por eso intentamos enriquecer la iniciativa. Con que nos reconozcan y no quede tanta persona vulnerable desprotegida, estaría fantástico”.
