Santa Rosa (2b) – Pablo Parra, el dueño del departamento donde atacaron a Agustina Fernández, fue detenido esta madrugada por el femicidio de la estudiante pampeana. El fiscal Martín Pezzetta reunió con muchísimo sigilo las pruebas que lo comprometen y lo acorraló después de seis meses de investigación. La formulación de cargos se realizará en las próximas horas y si la imputación avanza será juzgado en un juicio por jurados.
El Diario Rio Negro accedió a uno de los datos clave para el giro radical que tomó la causa: el ADN de Pablo Parra. Hallaron rastros en un retazo de una prenda de vestir que flameaba en el alambrado del patio de su vivienda. Esa pista fue determinante para que el fiscal ponga decididamente los ojos en él, pero no fue el único.
“Pruebas científicas ubican al sospechoso en el lugar de los hechos”, fue la escueta respuesta de fuentes allegadas a la investigación. Intervenciones telefónicas, análisis forenses en algunos celulares y cuentas de redes sociales y numerosos ADN formaron parte del paciente camino recorrido no solo por el fiscal sino también por la comisión policial exclusiva.
El sábado 2 de julio a la tarde, el ahora detenido dejó sola en su departamento a Agustina y se fue a comprar helado. En medio declaró que pasó por la casa de su papá. Se ausentó por espacio de dos horas y en esas circunstancias alguien ingresó al inmueble y la atacó salvajemente. Murió en el hospital esa misma semana luego de que se confirmara que no tenía actividad cerebral.
Parra denunció un robo. Puntualmente adujo que se llevaron dólares en medio de la corrida cambiaria. No lo admitió abiertamente, pero en una entrevista en radio deslizó que compraba y vendía billetes estadounidenses a pedido de algunos amigos y conocidos.
Las pesquisas siguieron la teoría del robo, aunque luego se denunció un mal manejo de la escena del hecho por parte del gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro a cargo de la ministra de Seguridad Betiana Minor. “El departamento fue una pasarela”, confirmaron las fuentes al tiempo que reconocieron la presencia de gente extraña a la investigación pero cercana al gobierno provincial.
