Santa Rosa (2b) – La escritora achense, Juana Moreno, se encadenó esta mañana en Ciudad Judicial de Santa Rosa para reclamar por su chacra, de la cual fue desalojada en 2019 tras un fallo judicial y que aún se encuentra en disputa jurídica tras su apelación.
Juana Moreno fue desalojada de su chacra el 17 de diciembre de 2019, hace casi 3 años, tras un fallo de la Justicia, el cual su defensa apeló pero aún sigue en espera de una resolución.
El predio, llamado La Milagrosa, se ubica al norte de General Acha y tiene 6 hectáreas de extensión.
El desalojó inició tras ingresar a una disputa judicial con Martina Elva de Luca, una bahiense que reclamaba como propias las tierras, a finales de 1987. Juana, junto a su difunto marido, vivieron allí 36 años consecutivos, donde edificaron el predio y realizaron instalaciones necesarias para elevar el nivel de vida de la pareja. Tras su desalojo, no pudo recuperar pertenencias personales que la escritora dejó allí.
Las actuaciones judiciales que permitieron el desalojo comprendían dos expedientes acumulados, ambos tramitados ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa. Los nuevos abogados de la escritora, Esteban y Javier Torroba, plantearon una acción de nulidad para lograr invalidar la sentencia que autorizó el desalojo por «graves y manifiestas irregularidades detectadas en el trámite del proceso». Tras una extensa cadena de excusaciones, terminó asumiendo la causa la conjueza Alicia Beatriz Corral.
A pesar de las severas deficiencias señaladas, la jueza interpretó en su sentencia de 28 de julio de 2022 que la acción de nulidad debía ser rechazada por no resultar admisibles la causales invocadas dado que, en su entendimiento, no existió una vulneración grave del derecho de defensa en el proceso —dado que se garantizó la participación plena en todas las instancias y existieron vías recursivas ordinarias para intentar revertir la decisión adversa—, así como tampoco errores de derecho porque la decisión de primera instancia fue convalidada por la alzada.
Esta resolución fue apelada por la defensa técnica de Juana Moreno, entendiendo que «existe una perpetuación de una decisión injusta, viciada y carente de una perspectiva de derechos humanos, y ahora es la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería la que debe resolver».
