Buenos Aires (2b) Este jueves, durante una nueva sesión de la comisión que intenta llevar adelante el Juicio Político a miembros de la Corte, llamó a brindar testimonio a los federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata).
Además de la declaraciones de los jueces federales, en la comisión también fue citado el fiscal federal Carlos Stornelli.
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político por el proceso que se le sigue a los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la «ilegalidad» de la comisión, mientras la mayoría de los legisladores opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.
La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como «Consejo de la Magistratura» y «Coparticipación».
En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos.
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que «la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular», sea o no funcionario público según aclaró.
El magistrado también señaló que «dictar el archivo» de la causa «fue una medida urgente», y aclaró que «en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba», como el allanamiento de un teléfono celular.
Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con Robles y D’Alessandro.
Tailhade, por su parte, denunció ante la prensa que «se filtraron chats entre D’Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con D’Alessandro». «No hubo tanta sinceridad» por parte del magistrado, ya que «para mí los chats son ciertos», dijo que el diputado del FdT que cuestionó a Ramos «por haberse basado solamente en el dictamen del fiscal (Carlos) Stornelli para apurarse en archivar la causa».
Después de dos horas del inicio de la reunión, declaró el juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que «si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante tres años conmigo mientras llevaba varias causas».
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior «se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza».
Allí, el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas «estaban autorizados por un juez», lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que «lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones».
«Conozco como se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en como se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en 2019 y no hizo una denuncia penal», apuntó.
A diferencia de su colega Ramos, el magistrado federal platense consideró que «no es urgente» el archivo de una causa ni siquiera durante la feria judicial.
