General Pico (2b Norte) – Vecinos de barrio Talleres celebraron el fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordenó, ratificando dos sentencias previas, a la empresa Torresec Argentina SA desmantelar una antena de telefonía en el Club Ferro, luego de instalar y pretender ponerla en funcionamiento sin haber cumplido previamente los requisitos mínimos establecidos por normativas provinciales y nacionales.
El fallo no solo sienta un precedente en un tema que la justicia pampeana no había abordado antes, sino que además deja al desnudo cómo las empresas de telecomunicaciones avanzaron muchas veces en pueblos y ciudades sin cumplir con las leyes. Para graficar en número, en Pico solamente, hay instalados alrededor de 200 equipos similares.
Luis Martín es abogado y vecino del barrio Talleres y fue la punta de lanza del grupo de habitantes de la zona que peleó, primero contra la dirigencia de Ferro en el año 2018, pero luego debió soportar la presión de la empresa y la falta de acompañamiento del municipio.
A casi cinco años de haber iniciado esa lucha, el abogado piquense celebró en diálogo con 2b que “la Justicia de La Pampa tuvo la entereza y magnanimidad como para poner blanco sobre negro en un asunto que en la provincia nunca antes se había tratado. Nunca antes se había litigado por antenas y estas torreras, porque estas empresas son controladas desde el exterior, ésta empresa Torresec tiene la empresa matriz en el caribe y una pequeña sucursal en Buenos Aires, con la que opera en todo el país”.
Inicio
Martín recordó que “la empresa Torresec emprendió este proyecto entre gallos y medianoche en el club Ferro. Celebraron contratos en tiempos récord, sin asamblea en el club ni consideración de los socios, algunos directivos firmaron el contrato para ceder 100 metros cuadrados en pesos y por 10 años, con la prioridad de compra a favor de la torrera para el día de la mañana. Cuando advertimos eso, nosotros que somos nacidos y criados en el club Ferro, nos pareció totalmente arbitrario y excesivo por parte de la comisión directiva”.
De la misma manera, dos años antes, Torresec había firmado un acuerdo con dirigentes del club Argentino y en 15 días levantaron y pusieron en funcionamiento la antena, sin cumplir con ninguno de los requisitos fijados por ley. Una vez ya en funcionamiento, cualquiera que quisiera litigar al respecto ya debía dirigirse a la Justicia Federal. La Subsecretaría de Ambiente de provincia multó a Torresec por el accionar, pero la firma pagó la multa y siguió operando, tal como lo hacía en muchos otros lugares antes de exponerse a que le digan que no podía instalar.
Una vez planteado el reclamo a la dirigencia de Ferro, Martín recordó que el grupo de vecinos sufrió “una tremenda presión desde la empresa, nos querían hacer creer que tener una antena al lado de nuestra casa era totalmente satisfactorio y no había nada de que temer. Y también sentimos la presión de las autoridades municipales y del club, que nos decían que nosotros les impedíamos al club avanzar y desarrollarse”.
Justicia
Sin respuestas del club, que ya había cerrado un acuerdo, los vecinos interpusieron un recurso de amparo ante la Justicia Civil. A pesar de ello, presentaron el amparo ante el juez civil Gerardo Moiraghi, quien “recogió el principio precautorio de la Ley Nacional Ambiental que dice que, ante no tener la certeza que un emprendimiento que puede ser nocivo va afectar el ambiente o la salud, ese emprendimiento no se puede llevar a cabo”.
A pesar de ese fallo que ordenaba el cese de la construcción hasta analizar la cuestión de fondo, los mismos vecinos debieron pelearse con empleados que enviaba la empresa, y al mismo tiempo convocar a la policía, en al menos 15 oportunidades en que se intentó desobedecer la orden judicial para poner en funcionamiento la antena.
“La Justicia pampeana puso un punto final y certeza sobre que no puede venir cualquiera a la provincia a enriquecerse con telecomunicaciones, sin cumplir los recaudos mínimos administrativos y ambientales para operar”, indicó Luis Martín.
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