Buenos Aires (2b) – Este martes, se cumplen seis años de la desaparición de Santiago Maldonado. En ese marco, la familia del joven artesano sigue demandando el esclarecimiento de los hechos ante el Poder Judicial y teme por el estancamiento de la causa, que sigue en manos del juez federal Gustavo Lleral, quien la había archivado en 2018.
Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería Nacional para reprimir una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.
El cadáver de Santiago fue encontrado 78 días después, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez, en una zona que, tal como denunció la familia Maldonado en reiteradas oportunidades, ya había sido rastrillada en tres ocasiones a través de una búsqueda que incluyó helicópteros, drones y perros rastreadores sin encontrar nada.
Su hermano, Sergio Maldonado, expresó en diálogo con el medio Télam su preocupación por el estancamiento de la causa y porque siga en manos de Lleral, el juez que cerró una investigación plagada de irregularidades en 2018 y que, pese a haber sido recusado varias veces y de haberse inhibido, vuelve a tener el expediente en sus manos por tercera vez.
«A seis años de la desaparición de Santiago nos encontramos sin ninguna investigación ni avance en la causa habiendo varios imputados por el fiscal, con total impunidad, con la responsable número uno Patricia Bullrich (entonces ministra de Seguridad) siendo candidata a presidenta y sin un juez imparcial que se digne a investigar», fue la síntesis que hizo Maldonado sobre cómo los encuentra este sexto aniversario a él y a su familia.
Tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que «no hay nada definitivo» en la causa y que por lo tanto debe seguir con el curso de la investigación bajo la carátula que lleva el expediente por desaparición forzada de Santiago, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, dijo a Télam que «mientras esté en manos de Lleral son pocas las expectativas de que avance la investigación», en tanto «él mismo ya dijo que no hay nada que investigar».
Heredia subrayó que además de estar imputado en la causa el gendarme Emmanuel Echazú por su participación en el operativo de represión del 1 de agosto, hay otros seis actores involucrados en el proceso y señalados por el Ministerio Público Fiscal para que sean sindicados.
Se trata del comandante Juan Pablo Escola, el sargento ayudante Víctor Vaquila Ocampo y el cabo Marcelo Ferreyra, quienes ya han designado como abogado defensor al mismo representante legal de Echazú, Manuel Barros.
Aún se espera una definición por parte de Lleral sobre si citará a comparecer a los otros tres involucrados: el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti y los exdirectivos de la Gendarmería Gerardo Otero y Ernesto Oscar Robino.
«Durante todo este tiempo la familia no sólo tiene el dolor de haber perdido a Santiago, sino el dolor que genera la impunidad y todo el tiempo transcurrido sin respuestas, más todos los agravios que han sufrido como familia», expresó la abogada que trabaja hace 20 años con casos de desaparición forzada.
