Buenos Aires (2b) – El gobierno argentino decidió avanzar con la adjudicación de bandas de frecuencia destinadas a la prestación de servicios 5G.
La subasta se resolverá dentro de los próximos 90 días, donde se espera que la recaudación de más de mil millones de dólares. Se sostendrá el principio de neutralidad de la red, lo que deja en pie de igualdad a todas las empresas que pueden proveer la infraestructura.
En el llamado que aprobó este mediodía el directorio de ENACOM, se subastarán un total de 300 MHz en la banda que va de 3300 a 3600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base de cada lote es de 350 millones de dólares y podrán participar los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones que cuenten con presencia en al menos diez localidades del país, un mínimo de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos.
Con el principio de «neutralidad de las redes», cada adjudicataria podrá decidir libremente cuáles serán los proveedores del equipamiento necesario para montar la costosa infraestructura. Actualmente existen tres empresas en el mercado global con capacidad de atender esas necesidades: Huawei (China), Ericsson (Suecia) y Nokia (Finlandia).
El 5G es la siguiente generación de tecnología para la transmisión inalámbrica de datos, varias veces más robusta, rápida y estable que el 4G. Su implementación no solamente mejoraría sensiblemente la conectividad actual, tanto en velocidad como en estabilidad, sino que abre la puerta al Machine to Machine (clave para la automatización de la industria), la internet de las cosas (que conectará en red todos los aspectos de la vida doméstica y/o laboral) y el protocolo URLLC (para transmisión permanente e instantánea de datos).
La subasta contó con en el directorio de ENACOM con el rechazo de los dos representantes de la oposición, Silvana Giudici y José Corral, que se excusaron en consideraciones técnicas para pedir la postergación de la subasta. Esa postura coincide con lo que expresaron las empresas del sector, que se oponen a la participación de una empresa pública y apuestan a que un gobierno de otro signo político diferente les otorgue las licencias a un precio más bajo.
