Santa Rosa (2b) – Este martes inició el debate del proyecto de ley que propicia la modificación de la ley conocida como de coparticipación. La discusión de la nueva norma inició con la exposición del ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, ante la reunión plenaria de los diputados que integran las comisiones de legislación general, hacienda y presupuesto y asuntos constitucionales.
En ese marco, Bisterfeld informó que la «elaboración de la iniciativa es el resultado de un proceso histórico, iniciado en el año 2018 y que implicó doce reuniones con los titulares de los poderes ejecutivos municipales de las diez regiones de la provincia, para establecer la problemática total de la relación provincia-municipios y municipios entre sí, y así coordinar en propuestas legislativas las soluciones técnicamente viables y políticamente consensuables que se vislumbraran».
El ministro se refirió a los 6 puntos salientes del proyecto, en primer lugar destacó que busca «suavizar la volatilidad de los índices repartidores de la coparticipación. Veíamos que de un año a otro los índices informados por los municipios subían o bajaban un 25% o 30%, lo que marcaba una gran distorsión que no se podía seguir aceptando», manifestó.
En tanto, como segundo punto resaltó que el proyecto busca «estructurar la incidencia de los recursos propios tributarios y no tributarios, fijándose como permanente el índice al 31 de diciembre de 2022, o sea 29% de recursos tributarios y 11% de no tributarios», explicó.
Por otra parte, comentó que apuntan a «uniformar la información, para lo cual se confeccionará un clasificador de recursos que conformará un sistema de información común a todos los municipios, permitiendo, además de su comparación, evitar cualquier criterio subjetivo a la hora de determinar qué recursos se consideran para la determinación de los índices».
Como cuarto punto, remarcó: «afianzar la fiabilidad de la información: con la instrumentación de una validación previa de cada Concejo Deliberante, en el caso de los municipios, y del Tribunal de Cuentas, en el caso de las comisiones de fomento; se mejorará la fiabilidad del informe «rendición de ingresos de recursos-ley de coparticipación» que incluirá los recursos propios tributarios y los no tributarios de las comunas.
Luego destacó que el proyecto «otorga previsibilidad, estableciendo que la rendición de ingresos de recursos, ante la secretaría de asuntos municipales para que la tesorería general de la provincia elabore los índices a partir de esa información, sean los percibidos entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente».
Como último punto, valoró la creación del Fondo Adicional de Distribución Poblacional, «valuado en términos actualizados de 3458 millones de pesos que pasará en los sucesivos ejercicios fiscales a manos de las comunas».
Luego de los detalles del proyecto brindado por el ministro, el diputado Eduardo Pepa manifestó que deberían estar participando del plenario funcionarios de la Secretaría de Asuntos Municipales. Luego los diputados de la oposición cuestionaron la supuesta «discrecionalidad» con la que esa secretaría distribuye fondos «a partir de su presupuesto equivalente al 2% del presupuesto general, cuando lo que se distribuirá a partir de la implementación del Fondo Poblacional equivale al 1%».
Ante el pedido de que sean incorporados cuerpos de relatores en los concejos deliberantes, para poder cumplir con la validación previa de la rendición de ingresos de recursos; Bisterfeld y los diputados oficialistas les dijeron que «los municipios son autónomos», que «no les demandará a los concejales una carga de trabajo mayor, porque los ingresos nunca son difíciles de controlar, el problema siempre está en el control de gastos», y «es función de todo Concejo Deliberante el control de gastos y recursos».
A los legisladores, el equipo de Hacienda les aclaró que no se convocó a los intendentes electos a discutir la elaboración previa de la iniciativa porque «es transversal a quien ocupe circunstancialmente el sillón de intendente, es un trabajo que empezamos en 2017, es decir en el mandato anterior al actual, incluso».
Y tanto los diputados Laura Trapaglia como Espartaco Marín, abogaron para que se aplique también en la coparticipación «un índice de vulnerabilidad social».
