Buenos Aires (2b) – Debido a una solicitud del interbloque oficialista, el plenario de Comisiones del Senado que trata la reforma a la ley de alquileres, se verá prolongado. Esto generó cierto nivel de revuelo ya que la fuerza opositora pretendía firmar el dictamen durante la misma jornada.
La discusión entre las dos bancadas se prolongó por más de una hora en un atestado salón de reuniones, con la presencia también de representantes del sector inmobiliario, quienes habían sostenido una audiencia previa con miembros del bloque de la oposición.
La mayoría que mantiene el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el respaldo de legisladores del peronismo disidente en la de Legislación General permitieron que la intención del oficialismo prevalezca. El oficialismo busca continuar el debate durante los próximos días y llevar a cabo discusiones con representantes de propietarios, inmobiliarias e inquilinos en el próximo encuentro, que está programado para el jueves.
La propuesta de reforma aprobada la semana anterior contempla una reducción de la vigencia de los contratos de alquiler de tres a dos años, junto con un sistema de actualización del precio del alquiler en un plazo de entre 4 y 12 meses, basado en índices como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Salarios (IS).
Por su parte, el pampeano y presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Bensusán, expresó la intención de trabajar en un dictamen consensuado, que incluya a asociaciones de inquilinos, para evitar ambigüedades en la implementación de la ley.
Dictamen favorable para Registro de Deudores Alimentarios Morosos
El proyecto de creación del Registro Nacional de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as ReNDAM), con media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Legislación General del Senado de la Nación. El pampeano Daniel Bensusán continuará al frente de Legislación General.
La iniciativa, que de esta manera queda a un paso de convertirse en Ley, fue considerada por el presidente de la Comisión, Daniel Pablo Bensusán, como “un avance importante en la garantía de derechos para niñas, niños y adolescentes, que no pueden ser el factor de presión o abandono en una situación de diferencias entre adultos”.
Según lo aprobado en la comisión, quienes figuren en este registro no podrán acceder a tarjetas de crédito, abrir cuentas bancarias o realizar operaciones bancarias o bursátiles. Tampoco acceder a viviendas sociales. No podrán inscribirse en los registros de inmuebles ni automotores. Estarán impedidos de solicitar o renovar licencias de conducir. Igualmente, se les negará la posibilidad de ser proveedores, empleados o acceder a contratos del estado. Nacional.
