Buenos Aires (2b) – Se cumple un año del intento de asesinato de la Vicepresidenta Cristina Fernández y la causa avanza en dirección al juicio oral y público de los supuestos autores materiales, mientras que la querella reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.
El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha, según informaron a Télam fuentes judiciales.
El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún. En el juicio participará la querella de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
El atentado se produjo en la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando la Vicepresidenta saludaba a quienes le manifestaban su apoyo en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta, y Fernando André Sabag Montiel le apuntó a la cabeza con una pistola de uso civil y gatilló dos veces pero sin que saliera ningún disparo.
En el debate oral, Sabag Montiel, tendrá como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio; la supuesta coautora Uliarte cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral; y el presunto partícipe secundario Nicolás Carrizo seguirá defendido por el letrado particular Gastón Marano.
Una reciente declaración periodística de Telleldín, conocido por haber sido investigado en el marco de la causa del atentado a la AMIA, generó expectativas en torno a lo que pueda aportar su defendida en la causa en la que se investiga el atentado, ya sea en el debate oral o en lo tramos que aún permanecen en etapa de instrucción.
«Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar», anunció el abogado, según publicó el diario Página/12 en su última edición dominical.
Como imputada, Uliarte no está obligada a decir la verdad por lo que habrá que esperar para saber si, en caso de ampliar su indagatoria o declarar en el juicio oral, presenta algún elemento de prueba que pueda respaldar sus dichos.
El nombre de Milman apareció en el expediente el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador de Juntos por el Cambio referirse al atentado antes de que ocurriera.
«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente: ambas negaron que esa frase haya sido pronunciada.
Esa pista no fue elevada a juicio: recientemente la Cámara Federal porteña hizo lugar al secuestro del teléfono de Milman (que finalmente lo entregó voluntariamente) y su apertura también fue autorizada por la Cámara de Diputados.
Al habilitar la medida, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi demarcaron que «la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-«, según surge del fallo al que accedió esta agencia.
En simultáneo, el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, solicitó a las compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a nombre de Milman.
Otra de las medidas de prueba que aún se encuentra en etapa de instrucción tiene que ver con la denominada Regla de Tueller: un papel que decía «La Regla de Tueller (pistola versus navaja)» fue hallado en la habitación de Uliarte en la casa de su padre durante el allanamiento que le realizaran el año pasado.
Luego de mucha insistencia por parte de la querella, Rívolo ordenó realizar una pericia caligráfica para determinar si el escrito secuestrado en la causa corresponde con la escritura de alguno de los tres detenidos por el intento de magnicidio, Sabag Montiel, Brenda Uliarte o Gabriel Carrizo.
La denominada ‘regla de Tueller’ alude a la distancia mínima que necesita una persona (eventualmente un miembro de una fuerza de seguridad) para tener chances de defenderse de manera efectiva con un arma de fuego frente a una agresión con un arma blanca.
Como parte de la investigación de esa pista, días atrás declaró como testigo -por primera vez en el expediente- el padre de Brenda Uliarte, Leonardo Uliarte, quien se encontraba presente en su domicilio particular el 7 de septiembre del año pasado cuando se concretó un allanamiento en esa vivienda.
Advertido respecto de que no podía declarar en contra de su hija, Uliarte padre se limitó a contar cuestiones vinculadas al allanamiento y a la vida familiar y reveló que no sabía que su hija había dejado de vivir en su casa.
«Me sorprendí cuando entramos a su habitación y vimos que ni siquiera estaba la tele que yo le había regalado, que todavía la estoy pagando. Yo no sé si mi hermana o alguien más sabían que ella se había ido. Nadie me dijo nada tampoco. Pensé que iba y venía, pero que se haya llevado las cosas me sorprendió al entrar a la habitación el día del allanamiento», relató.
También afirmó que le habían llamado la atención las apariciones televisivas de su hija: «Antes del atentado me mandó un mensaje mi primo Franco Oballes, de que (Brenda) había salido en la tele hablando de los planes. Y a mí me llamó mucho la atención que ella tuviera una opinión pública, porque era una piba tan callada», contó.
Ese testimonio volvió a encender las alarmas de la querella, que aún se pregunta si hubo autores intelectuales que manipularon a los acusados para que intentaran cometer el magnicidio.
Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue «premeditada», o sea que idearon «un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación». Pero advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales.
El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había pertenecido a un vecino ya fallecido.
De las conversaciones por WhatsApp que lograron reconstruirse a lo largo de la investigación surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta para apostar desde allí un francotirador, pero luego optaron por otra mecánica.
«De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la Vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella», señaló el fiscal tras repasar esas conversaciones.
