Santa Rosa (2b) – En un juicio abreviado, Almada un comerciante de venta de automóviles fue condenado a seis meses de prisión en suspenso como autor de estafa y uso de documento privado falso y además tuvo que pagarle 500.000 pesos al damnificado como resarcimiento por el arreglo de un camión que le había costado 390.000. Los 16 neumáticos que había adquirido fueron recuperados en distintos allanamientos y devueltos al dueño de la metalúrgica.
Luis Oscar Almada, un comerciante de 50 años, concurrió tres veces en mayo pasado a un taller metalúrgico ubicado en el parque industrial de Santa Rosa. Allí compró cubiertas por un monto de cuatro millones de pesos y a cambio entregó cheques adulterados, provocándole un perjuicio económico al vendedor.
La reparación del camión Mercedes Benz fue abonada por Almada con un cheque de una empresa de transportes el 3 de mayo. En ese mismo momento preguntó por las cubiertas para el vehículo y a los dos días regresó –junto a otro hombre– en una camioneta Toyota Hilux y compró seis por 1.520.000 pesos, que obló con dos cheques (uno de 840.000 a nombre de una agropecuaria y el otro por 680.000 de una cerealera).
Luego el imputado le pidió a la víctima, por WhatApps, otras cuatro cubiertas y las retiró el 11, pagando con un cheque de un tambo por un valor de 990.000 pesos. Al día siguiente se produjo la última operación, por otros seis neumáticos, por 1.595.000 pesos. En ese caso los pagos fueron efectuados con un cheque del mismo tambo por 960.000 pesos y el restante por 635.000.
El damnificado supo de la maniobra fraudulenta cuando el 15 de mayo recibió un mensaje de un proveedor advirtiéndole que había depositado dos cheques –que él le había entregado–, informándole que serían adulterados. El total de la estafa fue de 4.105.000 pesos.
La sentencia fue dictada por el juez de control santarroseño, Carlos Ordas, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado suscripto por la fiscala Natalia Urruti, el defensor particular Gastón Gómez y el propio acusado, quien reconocimiento ser el autor de los ilícitos. El magistrado, además, le impuso al acusado la obligación de mantener actualizado su domicilio durante dos años, como regla de conducta.
