Santa Rosa (2b) – La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa expresó su preocupación por las recientes decisiones del Gobierno Nacional, específicamente la degradación del Ministerio de las Mujeres y la modificación de leyes como la «Ley Micaela» y la «Ley de Mil Días». Aseguran que estas medidas podrían llevar a un recorte presupuestario y la posible eliminación de programas destinados a la protección y empoderamiento de mujeres, géneros y diversidades.
“Esto implica lisa y llanamente el avasallamiento a la división de poderes del país (…), el presidente Javier Milei se toma atribuciones que son propias del Congreso”, dijo al respecto la Sub Secretaria de Derechos Humanos pampeana, Paula Grotto.
Grotto también se refirió al la Ley Ómnibus e indicó que puede implicar un retroceso en materia de Derechos Humanos. «Buscan criminalizar derechos constitucionales, como peticionar a las autoridades, de huelga y de reunión. También con la virtual derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde ampliando las disposiciones de la Ley de los Mil Días, se vuelven incompatibles entre sí”, dijo.
A su vez, Gabriela Labourie, (Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad) también advirtió que la decisión del Gobierno Nacional de degradar el ministerio representa un retroceso y es una «posible eliminación de programas creados para protejer el empoderamiento de mujeres, géneros y diversidades».
El informe elaborado por este organismo provincial destacó los siguientes puntos:
Degradación del Ministerio de las Mujeres: La transformación del ministerio a subsecretaría, con el consecuente recorte presupuestario, se ve como un indicativo de una menor importancia a la temática de género. Esto, según la Secretaría, reduciría la intervención del Estado casi exclusivamente a situaciones de violencia, dejando de lado otras áreas importantes como economía, trabajo y educación.
Modificación de la «Ley Micaela»: La reforma propuesta elimina el concepto de capacitación en género y violencia contra las mujeres, restringiéndolo solo a «violencia familiar y hacia las mujeres». Esto, según la Secretaría, desjerarquiza la ley y acota las modalidades de violencia a las diversidades. La capacitación se circunscribe solo a los organismos competentes en la materia, excluyendo a amplios sectores de la administración pública.
Modificación de la «Ley de Mil Días»: La nueva propuesta busca anular los derechos establecidos en las leyes de Mil Días y de Aborto al introducir la denominación de «madre embarazada e hijo por nacer». Además, reduce un derecho universal a situaciones de vulnerabilidad y deja en manos de provincias y municipios la contratación de personal para el seguimiento de casos.
Impacto en la Diversidad: El informe destaca que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional no mencionan a las personas del colectivo LGBTTI+ y reducen la perspectiva de género a mujeres y violencia contra las mujeres, sin hablar de igualdad ni diversidad.
Ausencia de mención sobre SICVG y Línea 144: No se menciona el destino del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) ni de la línea gratuita 144 de asesoramiento a víctimas por motivo de género. Se interpreta que estos seguirán funcionando, pero toda la gestión estará articulada entre municipio, provincia y nación.
