Santa Rosa (2b) – El pasado 22 de diciembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento encargado de evaluar el desempeño de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán emitió un veredicto de absolución por mayoría, en medio de acusaciones de mal desempeño de sus funciones en la tramitación de expedientes relacionados con la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy. Este fallo ha generado controversia y, hoy, la organización Usina de Justicia presentó una solicitud de AMICUS CURIAE ante dicho tribunal.
Ambas profesionales fueron acusadas por la Procuración General de La Pampa, marcando un hito en un proceso judicial que ha captado la atención pública y ha generado debates sobre la integridad del sistema judicial.
Usina de Justicia, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y legales en caso de homicidios y femicidios, ha decidido intervenir en el caso presentándose como AMICUS CURIAE, expresando su preocupación por el fallo y solicitando una revisión del mismo en defensa de las Personas Víctimas de Delitos.
«Pedimos que se revise el fallo en defensa de las Personas Víctimas de Delitos. Seguiremos hasta la Corte Interamericana de DDHH», expresaron desde la Usina de Justicia mediante un comunicado en su sitio web durante la presentación ante el tribunal.
Este nuevo desarrollo marca una fase crucial en un caso que ha mantenido la atención pública en vilo y que ahora podría adquirir una dimensión internacional. Se espera que el tribunal considere la solicitud de Usina de Justicia y que este caso continúe generando debate en torno a la justicia y los derechos humanos en la región.
«Es inapelable»
En tanto, desde la Justicia pampeana aseguraron a dosbases que el fallo emitido por el jurado de enjuiciamiento que abordó el caso contra la doctora Pérez Ballester y su asesora Catán «es inapelable».
Así lo marca Ley provincial 313 en su Artículo 46: «Contra el fallo no cabe recurso alguno, salvo el de aclaratoria, que podrá interponerse dentro de las 24 horas». Asimismo, la comunicación oficial del STJ afirmó que «las normativas del enjuiciamiento ni siquiera es una cuestión que el Poder Judicial decida, sino que su modificación se da a través de Diputados», aludiendo así que la actuación protocolar del Tribunal excede a los intereses de la Justicia y corresponde más bien al ámbito legislativo.
Sin embargo, no descartan que el caso pueda llegar a la Corte Interamericana de Derecho Humanos, algo totalmente válido para el caso pero que podría llevar una larga batalla legal en los tribunales internacionales.
