Buenos Aires (2b) – Sobre el final de la jornada, diputados del bloque La Libertad Avanza, Benedir Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el jefe del Bloque, Oscar Zago, presentaron un proyecto de Ley para derogar la Ley 27610 del acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Con este proyecto también se terminaría la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar, para derogar la norma y penar esa práctica.
En este sentido, el proyecto oficialista propone, entre otras cosas, prisión de tres a diez años, si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
Además cambia el artículo 86 que se refiere a los profesionales a cargo de la intervención de los abortos: «Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios».
«Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho», agrega la modificación del artículo 88.
Uno de los puntos más polémicos es el referido a los abortos realizados en embarazos originados por una violación: «Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente».
