Santa Rosa (2b)- La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la entidad que agrupa a todas las productoras de biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, rechazaron los intentos del Gobierno nacional por modificar la Ley 27.640 de Biocombustibles para regular la industria en favor de las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe.
A través de un comunicado que lleva la firma de su director Ejecutivo, Federico Martelli señalaron en primer término que dicha ley «está vigente y establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2020». Y agregaron que «este régimen, continuador con modificaciones de la primera Ley de
Biocombustibles número 26.093, fue determinante para la realización de inversiones conforme las prioridades de emplazamiento y tamaño que el propio Estado definió».
En ese sentido, la cámara que nuclea a los productores juzgó que «Introducir cambios de la magnitud de los planteados en el proyecto original o en otros alternativos que aparecieron durante el tratamiento legislativo, implica una variación de las reglas de juego que vulneran la seguridad jurídica que tanto se pregona y pretendemos se institucionalice en Argentina». Y se preguntaron «¿acaso no es el propio proyecto del Poder Ejecutivo el que prevé un régimen de incentivos para grandes inversiones con beneficios y protección de derechos adquiridos en el tiempo?».
Tras resaltar que los productores «apoyamos este tipo de iniciativas», pusieron en tela e juicio «por qué estos instrumentos son aptos para nuevos proyectos y, a la par, hay que destruir uno que está vigente con plazo determinado y genera actividad y empleo en el interior.
Con todo, para CEPREB «se observa con preocupación que tras la vuelta a comisión de la “Ley Ómnibus” otros actores del sector elaborador de biocombustibles, que oportunamente plantearon su negocio por fuera del régimen vigente y con destino al mercado externo, ahora se comportan como paladines de la desregulación cuando lo que quieren es regular a su favor. Es decir, propugnan la libre competencia pero eligiendo contra quienes competir».
Competencia desigual
«Con el régimen vigente las Pymes que invirtieron en base a él, no pueden entrar en un sistema de libre competencia como se pretende. No pueden hacerlo contra las compañías integradas que tienen una escala hasta 10 veces más grande y su capacidad instalada triplica las necesidades del mercado local; además de ser los productores de la materia prima que estas Pymes requieren. Tampoco contra compañías no integradas o de menor tamaño radicadas en el cinturón del Gran Rosario, por la desventaja que implica su emplazamiento lejos del puerto, tal como se pretendía con un dictamen alternativo atribuible a la Provincia de Santa Fe», añadieron.
Por esa razón, los productores instaron al Poder Ejecutivo y Legislativo a «analizar el tema para revisar posturas», dado que «nadie podrá demostrar que cambios como los propuestos incrementarán la actividad vía nuevas inversiones en el sector».
Para cerrar, enfatizaron que las pymes de estas 4 provincias «no nos oponemos a rediscutir aspectos que se puedan mejorar el régimen en la medida que ello no implique su punto final seis años antes de lo legislativamente previsto. Menos aún a maquillar una desregulación, cuando lo que se pretende es cambiar el destinatario de la regulación en favor de actores que planificaron sus inversiones con otro objetivo de negocio o, en algún caso, generar privilegios solo por ubicación geográfica».
Por eso, dejaron en claro «el juego limpio implica respetar a cada uno de los actores del negocio el marco de referencia con el que plantearon sus inversiones».
