Buenos Aires (2b) – El fiscal Guillermo Marijuan llevo a cabo una investigación que expuso severas irregularidades relacionadas a la asignación de planes «Poteniar Trabajo» a personas que ya eran empleados estatales.
Según los primeros datos que trascendieron, se trata de más de 9 mil personas a lo largo y ancho del país. Dicha irregularidad a día de hoy, ronda un costo al país de 8 mil millones de pesos.
Naturalmente la investigación se envolvió en polémica y resonó en todos los sectores de la política. En detalle y según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional actualizado es de $705.198.000 por mes, o de casi ocho mil millones de pesos anualizado.
Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El fiscal comenzó a tirar de la punta del ovillo en noviembre pasado y los datos no dejan de acumularse. La provincia de Tucumán registra 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; y Misiones, 321.
