Santa Rosa (2b) – El subcomisario Alfredo Fabián Ibañez, quien a su vez es arquitecto y que cumplía funciones en el Departamento de Logística, dependiente de la Jefatura de Policía, fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso como autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial, en grado de tentativa, e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.
Con las pruebas debatidas en el juicio oral, la jueza de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongario, determinó que Ibáñez –jefe de la Sección Edificación e Instalaciones fijas de Logística– concurrió a una maderera para comprar cinco unidades de fibrofácil y para ello entregó una orden de compra de dicho organismo que tenía un sello oficial y otro aclaratorio con el nombre de un oficial ayudante.
La orden entregada por Ibañez al cajero del negocio, aunque luego se demostró que era “un documento falso que no había sido librado” por Logística y que “su numeración correspondía a otra orden emitida legalmente por el Departamento Logística” a la misma maderera por otra compra y que motivó la impresión de otra factura.
“El proceso de la compra fraudulenta que Ibáñez pretendió fuera pagada por el Estado provincial, aunque en su beneficio personal, se puso en marcha de inmediato, por cuanto la orden entregada no fue detectada como falsa en el momento mismo de la operación –indicó Ongaro en el fallo–. Con ello se verificó la idoneidad del ardid que utilizó el acusado para provocar el engaño, que a su vez se direccionó a producir el resultado buscado, con el consecuente perjuicio patrimonial estatal”.
Agregó: “Este último resultado finalmente no se produjo, no porque hubiera mediado de parte de Ibáñez un voluntario desistimiento a su decisión delictiva, sino por la intervención oportuna y eficiente de los respectivos controles administrativos; alertados por el propio oficial ayudante, cuya identidad fue asumida falsamente por Ibáñez para provocar el engaño”.
Además de la pena, Ibañez –50 años y actualmente en pasiva– deberá fijar residencia y someterse al contralor del Ente de Políticas Socializadoras durante dos años, como reglas de conducta.
Durante los alegatos de cierre, el fiscal general Máximo Paulucci había solicitado la sanción que finalmente le impuso Ongaro; mientras que el defensor particular, Román Oscar Fiorucci, había pedido su absolución por considerar que los hechos no pudieron demostrarse y que, por lo tanto, no se había quebrado el estado de inocencia.
