Buenos Aires (2b) – Luego de que el gobierno nacional anunciara y ejecutara miles de despidos en diferentes dependencias públicas, el gremio ATE anunció la realización de una «ocupación pacífica” de los organismos en señal de rechazo a los 12.000 despidos que se contabilizaron por ahora en la administración pública.
ATE, que cuenta con unos 350.000 afiliados en todo el país, activará el miércoles una protesta en los lugares de trabajo. Ese mismo día, Rodolfo Aguiar, su referente a nivel nacional, convocó a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. No se descarta que se llame a una movilización callejera para el viernes en la que la consigna sería no acatar el protocolo antipiquetes que impone el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
La protesta del miércoles consistirá en el ingreso masivo y simultáneo de los empleados a sus lugares de trabajo. “La intención es coordinar un horario de ingreso y que entren a la vez los de planta permanente, los contratados temporalmente y los despedidos. Será una importante demostración de fuerza”, dijo Aguiar al medio LA NACION. El sindicalista, que fue secretario general de la seccional de Río Negro, no desestimó que los reclamos en los organismos puedan extenderse por tiempo indeterminado. “No acepto la palabra toma, pero si no hay una respuesta por parte del Gobierno para reincorporar al personal despedido la protesta puede derivar en ocupaciones pacíficas de los organismos”, desafió. En los ministerios en los que hubo más recortes podrían darse los reclamos más calientes, estimaron fuentes sindicales. Uno de esos lugares sería la Secretaría de Trabajo, donde hubo 523 cesantías en un mes.
Según los datos del Indec, hasta el pasado mes, en la Administración Pública Nacional se consolidaban un total de 9646 bajas, aunque en ATE considerán que los recortes continuarán y podría llegar a los 70.000, según advirtió Aguiar.
Por el momento, ATE, que es uno de los gremios fuertes de la CTA, avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra la CGT, monitorea por ahora las bajas y descartó avanzar en un paro sectorial. Es más, aceptó los dos últimos aumentos salariales a pesar de que el porcentaje de suba [8%] fue menos a la inflación relevada por el Indec. De todos modos, ambos sindicatos coincidieron en la letra chica de la última acta paritaria, en la que exigieron la reincorporación de los despedidos. El jefe de UPCN es Andrés Rodríguez, el número tres de la CGT y miembro del sector que se autodenomina “independiente”.
En paralelo a la protesta en las calles y en los organismos públicos, Aguiar define con el equipo de abogados de ATE avanzar en una denuncia penal contra el Presidente por considerar “arbitrarios” los despidos. “La decisión de echar a 70.000 personas sin motivo puede llevárselo puesto a Milei. Está vulnerando derechos que están tipificados en el derecho penal, como la protección ante el despido arbitrario, contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. Él y sus funcionarios podrían terminar presos”, insinuó Aguiar.
La semana pasada se dio un revoleo de cifras por los despidos en el Estado. El martes pasado, durante su exposición en el Foro Económico de las Américas, Milei insinuó que el Estado Nacional tendría un total de 120 mil trabajadores menos. Afirmó que los despidos realizados por el Gobierno ya alcanzaban los 50 mil y que se darían de baja unos 70 mil contratos más, que vencieron ayer. Por ahora, las bajas son 12.000, aunque la gestión de Milei, en su rol de empleador, como los sindicatos del sector, estiman que serán muchas más.
