Santa Rosa (2b) – El Gobierno está evaluando cambios en el Programa Médico Obligatorio (PMO) una vez que se resuelva el conflicto con las empresas de medicina prepaga. El PMO, creado por el decreto 492 en 1995, define todas las prestaciones que las obras sociales y prepagas deben cubrir obligatoriamente, independientemente del plan de salud. El sistema de salud pública, sin embargo, no está obligado a cumplir con estas disposiciones. Hay consenso entre los sindicatos y las prepagas para revisar el programa que creen que hizo detonar las obras sociales.
Representantes de los sindicatos y las prepagas coinciden en la necesidad de ajustar el PMO para hacerlo más sostenible financieramente. Algunas obras sociales, como la de Camioneros, enfrentan serios problemas económicos y dependen de los fondos de los gremios para mantenerse operativas.
El PMO incluye tanto tratamientos básicos como avanzados, pero uno de los principales desafíos es la cobertura de tratamientos costosos cuya efectividad está comprobada. En casos donde las prepagas o las obras sociales se niegan a cubrir estos tratamientos, suelen ser obligadas a hacerlo por medio de amparos judiciales presentados por los pacientes, respaldados por prescripciones médicas.
El Gobierno no tiene intención de eliminar los tratamientos costosos, sino de explorar alternativas menos onerosas que no comprometan la viabilidad del sistema de salud. Para modificar el PMO, se está considerando no solo la aprobación de una nueva ley, sino también la ratificación de la Corte Suprema, con el fin de evitar que los amparos judiciales puedan anular la nueva legislación.
