Buenos Aires (2b) – En la reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación se dio dictamen al proyecto que busca establecer a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial.
El despacho por mayoría contó con la firma de los diputados de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, entre ellos el pampeano Martín Maquieyra, y la Libertad Avanza.
El proyecto establece, en su artículo 1, “como servicio estratégico esencial la educación obligatoria, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.
Para concretar esa garantía, se deberán establecer “un Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias que garantice la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días que se hayan establecido en el calendario lectivo”.
Y también “el servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo. c. Cuando las medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el mismo ciclo lectivo escolar”.
Cuando los paros sean de entre uno y dos días continuos o discontinuos, un 30% del personal de la nómina de personal directivo, docente y no docente deberá cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria. Cuando las medidas de fuerza se extiendan por más de tres días, se deberá contemplar un 50% del personal.
Según el proyecto, estos trabajadores “deberán garantizar el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, así como las clases y actividades pedagógicas de manera normal y el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase”.
De no cumplir esa disposición, “será considerado como falta y se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado la guardia establecida”.
Los Diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se expresaron por el rechazo, plantearon «la necesidad de escuchar a docentes, pedagogos, sindicatos y exigieron mayor presupuesto para cumplir la aspiración colectiva de una educación de calidad con mejores condiciones para enseñar y aprender».
Rechazo
La junta directiva de CTERA rechazó el dictamen de los diputados nacionales. “El oficialismo insiste con limitar al extremo de impedir lisa y llanamente, el Derecho de Huelga, a los docentes, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, indicaron en un comunicado.
“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los Trabajadores de la Educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro Sistema Educativo”, agregaron.
Y resaltaron que “son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envió de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la Paritaria Nacional”.
“Nada dicen de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”, manifestaron desde el gremio docente.
Y añadieron que “no los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.
“Queda claro que no se busca otra cosa que limitar el derecho constitucional a huelga y no otorgarle la importancia y la esencialidad bien entendida al sistema educativo para lograr una educación pública de calidad para todos y todas”, sostuvieron desde CTERA.
Y reiteraron que “la EDUCACIÓN es un DERECHO, no un «servicio». Calificación ligada a lógicas del mercado reñidas con el derecho social e individual que consagra la Ley 26206 que pretenden modificar”.
“CTERA expresa su rechazo a esta iniciativa y llevará adelante las medidas gremiales y legales que sean necesarias en defensa del derecho social a la educación, del trabajo docente y de la defensa de más y mejor educación”, finalizaron.
