Buenos Aires (2b) – En su tradicional convención anual, las empresas constructoras analizaron la situación sectorial de parálisis, cierre de empresas y 100 mil despidos que los ejecutivos no recuerdan desde la crisis de 2001. “La situación es gravísima”, resumió el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss en el acto inaugural, que contó con presencia de funcionarios del gobierno nacional.
La construcción aparece en el tope de todas las estadísticas como el sector que absorbió la peor parte del ajuste fiscal y la recesión que se profundizó en los últimos meses. Por un lado, es el más afectado en el paisaje recesivo general: se desplomó 19,7%, muy por encima del 5,1% de caída del PBI en el primer trimestre. También explicó casi el 60% de los puestos de trabajo perdidos desde el cambio de gobierno, de acuerdo a datos de la Secretaría de Empleo. La cámara asegura que ya hay cierres de empresas y convocatoria de acreedores entre firmas pequeñas, medianas y grandes.
La convención anual que se realizó en La Rural no logró estar ajeno a la difícil situación sectorial y estuvo atravesado por una lectura pesimista de la actualidad y con solo un puñado de elementos que invitan a los empresarios a esperar tiempos mejores. Pende sobre el sector constructor una combinación que atenta contra su actividad: el freno prácticamente total a la obra pública por el ajuste fiscal y la suba de los costos en dólares para la construcción privada por el atraso cambiario.
“Ya este año está perdido”, afirmaba un hombre de negocios histórico del sector. Camarco convocó al fundador de la consultora PxQ Emmanuel Álvarez Agis para tener una visión del segundo semestre económico de este año. El economista planteó que el Gobierno “está montando un argumento político para resolver un problema bastante claro y cotidiano que es que no tiene dónde ajustar: al no tener dónde ajustar la obra pública y la infraestructura se llevó la peor parte”.
El presidente de Camarco aseguró que la situación es “gravísima” durante su discurso inaugural de la convención. “La situación de paralización mencionada tendrá un efecto inmediato en el estado y seguridad de uso de la infraestructura existente. Es un enorme dispendio de dinero no conservar lo existente. Recuperarlo será mucho más caro que lo que cuesta un mantenimiento en tiempo y forma”, cuestionó, antes de la llegada del ministro de Economía Luis Caputo y del secretario de Obras Públicas Luis Giovine.
En diálogo con periodistas, el ejecutivo ahondó en su lectura de la actualidad sectorial y dijo que las compañías constructoras afrontan dos problemas: el flujo hacia adelante, con una canilla cerrada por el ajuste de los gastos de capital que hizo el Gobierno de Javier Milei para conseguir rápidamente equilibrio fiscal; pero también una deuda pasada por certificados de obras impagos por avances en proyectos, y que son pagos garantizados por contrato.
Weiss estimó que se trata de unos $400.000 millones acumulados por certificados de septiembre que deberían haberse pagado en diciembre, ya que en general tienen plazos de abono de 60 días o superior. Es, de cierta forma, un pasivo similar al que el equipo económico acumuló con las empresas del sector energético y que saldó luego con un bono a 2038. Una propuesta similar para las firmas aún no apareció sobre la mesa. “Depende de la paridad que tuviera el bono, las empresas lo aceptarían”, arriesgó el presidente de Camarco.
