Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- Bajo el título «Sin industria argentina no hay empleo», los sindicatos industriales, integrados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), junto con los gobernadores que no firmaron el Pacto de Olivos, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof, reiteraron hoy su rechazo al DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), principales instrumentos jurídicos de la gestión Milei, por la acelerada destrucción de la industria que generan.
El documento se presentó este jueves en la sede central del Sindicato de Mecánicos. Allí se reunieron los secretarios generales de la CSIRA, Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, junto con los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; La Rioja, Ricardo Quintela; Tierra del Fuego, Gustavo Malella y de La Pampa, Sergio Ziliotto, convocados con preocupación frente a la pretendida modernización laboral promovida por el gobierno nacional.
“La pretendida modernización laboral que impulsa el actual Gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad”, concluye el comunicado, en una de las afirmaciones más taxativas respecto de la realidad actual. El equipo económico de Milei, en su totalidad, proviene del sector financiero.
El otro dato relevante de la jornada son las 330.000 cuentas sueldo que se dieron de baja durante el último semestre, según la información publicada por el Banco Central. Desde la asunción del gobierno autodefinido como anarco capitalista, la situación económica de las empresas ha empeorado, tal como confirman los datos arrojados por la segunda encuesta realizada a las organizaciones sindicales miembros de la Confederación.
“Del relevamiento, elaborado por 36 gremios entre 61.728 empresas de 18 sectores diferentes, surge que el 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado y que en el 80% de las compañías se redujo personal, ya sea por despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas”, sostiene el mencionado informe.
De acuerdo al material, el 65 por ciento de las empresas consultadas declararon que las caídas de las ventas superan el 15 por ciento impactando negativamente sobre los trabajadores, la capacidad productiva y el cumplimiento de las obligaciones. El 40 por ciento de las fábricas utiliza 6 de cada 10 máquinas, sólo el 56 por ciento puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas y el 80 por ciento de las empresas han tenido despidos por un lado y han realizado acuerdos de retiros voluntarios por el otro, mientras que el 60 por ciento señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión y licenciamiento.
Todos estos datos implican un agravamiento o profundización de las tendencias que ya se manifestaban en la edición anterior de la misma encuesta, concluida durante el pasado mes de abril.
A la vez, los presentes cargaron contra la reforma laboral, uno de los verdaderos objetivos de los grupos económicos que dominan el gobierno de Milei, plantado en el DNU, suspendido por la Justicia e incluido finalmente en la ley de Bases.
“El sector del trabajo y los empresarios han hecho los cambios pertinentes frente a los nuevos desafíos en los convenios colectivos, no es cierto que no se haya privilegiado a los nuevos cambios y adaptaciones por actividad, y sin necesidad de modificar la reglamentación vigente. Prueba de ello son los trabajos por actividad sectorial de los planes estratégicos que han realizado empresas y sindicatos asistidos por Universidades Nacionales, públicas y privadas”, agrega.
SMATA es uno de los ejemplos más claros. La semana pasada su secretario general, Ricardo Pignanelli, compartió un panel de la expo IndustrializAR, en el distrito de Pilar, en el conurbano norte, con el CEO de Toyota Argentina, Daniel Herrero. Allí se observaron profundas coincidencias entre ambos, para mejorar la competitividad y garantizar el empleo.
Sin embargo, desde hace ya tres meses, la planta que el gigante nipón posee en Zárate tiene abierto un programa de retiros voluntarios, para adecuar sus operaciones a la drástica caída de la demanda del mercado. Algo similar ocurre en casi todas las terminales.
A modo de ejemplo, hace apenas dos semanas, Kicillof y Ziliotto visitaron juntos la empresa Apex, que constituye un caso paradigmático de los vaivenes de la economía argentina. Apex es una metalúrgica que provee insumos muy específicos y de alto valor agregado a la industria hidrocarburífera, como varillas de bombeo, cuplas, y otros bienes intermedios. El grueso de su producción se destina a Vaca Muerta, a unos 800 kilómetros de distancia.
La empresa nació como start up en 2020, en plena pandemia, con fuerte apoyo del Banco de La Pampa y la agencia de inversiones provincial. La firma, de capitales nacionales en un 90 por ciento y el 10 por ciento restante estadounidense, tenía entonces 15 empleados. Hoy son alrededor de cien.
En Apex la preocupación por el futuro es muy grande. Hace un año, había acuerdos con la conducción de YPF para incrementar el volumen de producción, pero con el recambio de autoridades se paralizaron y siguen sin concretarse. A eso se suma el RIGI, que los deja en una situación desventajosa frente a los proveedores del exterior.
