Buenos Aires (2b) – Argentina exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros «cabecillas» del régimen de ese país.
Así lo hizo la Cancillería, que consideró que «la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención».
La canciller Diana Mondino firmó una carta para exhortar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se emitan «órdenes de arresto contra autoridades venezolanas, incluyendo a Nicolás Maduro». El pedido al fiscal jefe de la CPI está fundado en el artículo 58 del Estatuto de Roma que establece la normativa sobre las «órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares».
«En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias», establece esa normativa.
Según considera el gobierno argentino, la evidencia que tiene la causa es suficiente para pedir su detención. Ya la Justicia argentina, en abril pasado, reabrió una causa por la responsabilidad del gobierno de Maduro en crímenes contra la humanidad en virtud de lo que se denomina «principio de jurisdicción universal» y «de competencia extraterritorial».
La decisión se tomó después de una fuerte embestida de parte de la diplomacia argentina en los foros internacionales y a menos de un mes que la Casa Rosada dispusiera el regreso de la Argentina a la causa que impulsaron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en 2018. Es que la gestión de Alberto Fernández se retiró de ese proceso en el 2021.
