Buenos Aires (2b) – El Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto mediante el cual restringió el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Distintas organizaciones periodísticas y sindicales criticaron la medida.
El presidente de la Nación, Javier Milei, modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de una redefinición de algunos términos y limitando el acceso a la información privada.
El decreto mediante el cual se introdujeron los cambios fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. La administración libertaria modificó el concepto y alcance de lo que se conoce como «información Pública».
«No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria», expresa el texto del decreto.
En la misma línea, hicieron lo propio con la definición de «documento». «La definición de documento establecida en la Ley Nº 27.275 y su modificatoria debe entenderse referida a todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado en el marco de la actividad estatal. Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público», aclararon.
La mayoría de las organizaciones periodísticas, como FATPREN y ADEPA, criticaron la iniciativa del gobierno nacional y alertaron sobre las consecuencias que puede tener en la transparencia de la gestión pública y la violación de principios legales de orden constitucional e internacional.
«En contra del espíritu original de la ley, esta reforma limita la definición de “información pública” y establece un criterio discrecional para considerar qué es información “secreta”. Es decir, atenta contra la transparencia en la gestión pública», indicaron desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren).
La organización también mostró su preocupación por un posible intento gubernamental de «controlar y oscurecer la información sobre las acciones y los actos del gobierno», que podría estar alineado con otras acciones anteriores del oficialismo que van en el mismo sentido.
«Esta medida se suma a la discrecionalidad en las transmisiones y acreditaciones en actos oficiales, a la censura y el intento de vaciamiento en los medios públicos, a los agravios públicos contra periodistas que difunden información sobre el Presidente u opinan en disenso al gobierno y, también, a la represión contra trabajadores/as de prensa durante las movilizaciones en contra de Ley Bases, el ajuste y los recortes de derechos, entre otras», enumeraron desde Fatpren.
Por su parte, ADEPA, asociación que nuclea a las principales entidades periodísticas del país, también emitió un comunicado donde postuló que la incorporación que el gobierno hizo a la Ley de Acceso a la Información Pública posee una «amplitud y vaguedad» que podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos daños y perjuicios o con fundamento en un supuesto interés público».
Según la asociación, algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario.
