Buenos Aires (2b) – En la mañana del lunes se formalizó en Boletín Oficial el veto a la ley de movilidad jubilatoria que el presidente Javier Milei había dejado firmado el viernes a última hora. La nueva ley de movilidad aprobada por ambas cámaras con amplia mayoría dispone una recomposición salarial para los jubilados y jubiladas equivalente al 8,1% que, en el empalme entre la fórmula anterior y la nueva, el gobierno había confiscado.
En ese momento, la nueva movilidad establecida por decreto dispuso la actualización de los haberes en forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de dos meses que pasaba por alto la inflación del mes de enero. A cambio, el oficialismo concedió un incremento del 12,5% por única vez cuando los precios habían subido un 20,6% en el primer mes del año.
La nueva ley de movilidad, además, dispone la incorporación del bono de $70 mil al haber y a su actualización así como un artículo mediante el cual garantiza que, en caso de que los salarios de los trabajadores activos superen la suba de los precios, los jubilados recibirán una recomposición equivalente al 50% del diferencial entre precios y salarios.
Así las cosas, la nueva ley apenas implica una suba de poco más de $13 mil para la jubilación mínima que, de cualquier forma, los jubilados pretenden defender. A contramano de lo señalado por el gobierno, que lo cuantificaba en el equivalente al 1,2% del PBI se trata de un costo fiscal de apenas el 0,44% del PBI, según indicaron economistas del propio entorno del presidente.
Los jubilados responden
Así lo hicieron saber las 13 organizaciones de trabajadores pasivos que convocaron a la última movilización que fuera reprimida por la policía y que había concitado la adhesión de 22 organizaciones sectoriales más así como numerosos sindicatos y organizaciones gremiales y políticas.
El mismo viernes, luego de la fuerte represión de la Policía Federal sobre los jubilados que se manifestaban y que generó el repudió de la CGT y un amplio arco de organizaciones sociales y políticas, los jubilados y jubiladas anunciaron en una conferencia de prensa realizada en el Sindicato del Neumático, una nueva concentración el próximo miércoles para rechazar el entonces potencial veto del presidente Javier Milei.
Allí exigieron la renuncia de Patricia Bullrich y reclamaron un paro general a las centrales sindicales. Para las organizaciones convocantes entre las que se encuentran la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, el Plenario de Trabajadores Jubilados, la UTJEL, los Jubilados Insurgentes y la Confederación Nacional de Jubilados, entre otras, “la lucha contra el Veto de Milei a la nueva Ley de Movilidad es reprimida con la intención de salvar su política de robo a los jubilados para mantener su frágil superávit fiscal y pagar a los acreedores”. Para las organizaciones convocantes “robar a los jubilados es un crimen social”.
Detrás de los oradores se leyó un cartel en el que decía “los jubilados sostenemos al Estado, no al revés”.
La cita es el miércoles 4 de septiembre en el Congreso Nacional donde, tal como han venido realizando en los últimos meses, realizarán una ronda de protesta rememorando las acciones que en la década del noventa encabezaba Norma Plá. Además, adelantaron, el 20 de septiembre día del jubilado, marcharán a la Plaza de Mayo donde realizarán un Cabildo abierto.
