Buenos Aires (2b) – Una jueza estadounidense dio lugar al pedido de un fondo buitre y ordenó a la Argentina que entregue distintas comunicaciones de funcionarios y ex funcionarios por la causa de la expropiación de YPF. El objetivo sería acelerar un embargo contra nuestro país. El pedido involucra a funcionarios importantes de la gestión de Alberto Fernández y Milei.
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al gobierno de Javier Milei entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa.
Según informó el diario Ámbito, la orden también abarca al actual asesor presidencial Santiago Caputo, al exviceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren. El medio citado afirmó que se trata de «un hecho inédito».
Asimismo, el titular de Latam Advisors, Sebastián Maril, publicó en su cuenta de X que la magistrada neoyorkina pospuso los pedidos sobre el exjefe de Gabinete y actual senador, Eduardo «Wado» De Pedro, el exsecretario general de Presidencia de Alberto Fernández, Julio Vitobello, y del economista y extitular de la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini.
El diario La Nación publicó que el objetivo de la medida judicial es «acelerar un embargo que reclaman los fondos que están en litigio con la petrolera YPF por la expropiación de las acciones privadas».
«Los fondos Burford y Eton Park buscan probar que tanto YPF como el Banco Central son un ´alter ego´ de la Argentina, es decir, que la petrolera, la entidad y el país son lo mismo a fines legales», puntualizó el medio porteño. El argumento es que YPF no funciona como una Sociedad Anónima, sino que opera en función a los objetivos políticos de cada gobierno de turno.
El Financial Times explicó que la estrategia del fondo inglés Burford es apuntar contra el Estado argentino con el objetivo de avanzar con el embargo de sus activos. Allí entrarían en la mira la empresa estatal Aerolíneas Aerolíneas, el Banco Central y el Banco Nación.
Los abogados de Burford, según lo consignado por el medio internacional, indican que las empresas argentinas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado. Ese factor convertiría a las entidades como propiedad del Estado e «indistinguibles de él». En diversas presentaciones realizadas en las cortes, los abogados argentinos negaron que se tratasen de organismos con carácter «alter ego» y que la Justicia de Estados Unidos ya los calificó como «operacionalmente separados del Estado».
Argentina ya enfrenta una condena en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que está a cargo de Preska, por la que debe pagar u$s16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi u$s900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente- y embargar sus activos.
Argentina tendrá plazo para abonar los u$s16.100 millones hasta el 14 de diciembre de este año. En caso de que esto no ocurra, el fondo inglés podrá decidir cómo cobrarse la deuda. Si las partes no llegan a un acuerdo, la jueza será quien decida.
