Santa Rosa (2b) – A partir de este martes 1 de octubre, la Municipalidad de Santa Rosa comenzará a exigir la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para todo el parque automotor. La medida ha generado controversia en los últimos meses, principalmente por la oposición, que critica tanto el momento de su implementación como las presuntas irregularidades en la habilitación del taller encargado de realizar la revisión.
En 2023, el Departamento Ejecutivo presentó un proyecto de ordenanza para adherir al Capítulo II de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 26.363. La RTO está prevista en el Artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y fue aprobada al final del primer mandato del intendente Luciano di Nápoli. En esta segunda gestión, las críticas de la oposición se han centrado tanto en la decisión de la municipalidad como en su ejecución.
Diego Camargo, titular del bloque de la UCR, cuestionó la medida argumentando que generará mayores costos para los santarroseños en un contexto de crisis económica. Además, subrayó que muchas calles de la ciudad se encuentran en mal estado, lo que, según él, contradice la exigencia de la RTO.
Por su parte, Carmina Besga, secretaria de Gobierno del municipio, defendió la implementación de la normativa. Sostuvo que la seguridad vial no debe medirse en términos económicos y que la medida responde a la necesidad de cumplir con la legislación nacional en materia de tránsito.
El debate ha escalado en los últimos meses, con la oposición reclamando la suspensión de la normativa y del proceso de licitación, que culminó con la empresa Técnica Sur, de Río Negro, como adjudicataria exclusiva para la realización de la RTO en Santa Rosa. Los ediles opositores han señalado irregularidades en la habilitación del taller y han solicitado una audiencia pública, que fue denegada por el intendente.
A pesar de la controversia, la RTO entrará en vigor, aunque durante un periodo inicial no se aplicarán multas, mientras se espera la regularización del parque automotor.
La oposición sigue cuestionando la legalidad de la habilitación del taller encargado de la RTO y advierte que las verificaciones realizadas por Técnica Sur no tienen validez nacional. A su vez, argumentan que el intendente di Nápoli dio de baja un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que, según ellos, afecta la operatividad de la normativa.
Sin embargo, desde el municipio sostienen que la habilitación de los talleres corresponde a las jurisdicciones locales, por lo que la validez de la RTO no está comprometida.
