Santa Rosa (2b) – El gobernador presentó el Índice de Vulnerabilidad Social de la provincia, del mes de agosto fue de 4,4% a nivel provincial y de un 4,5 % en el conglomerado Santa Rosa-Toay.
Destacó que se trata de “un trabajo colectivo que realiza Provincia y Municipio para otorgar la ayuda social que garantice la alimentación de las familias más vulnerables. “Ningún funcionario del gobierno provincial apretando una tecla genera una tarjeta alimentaria. Es parte del relevamiento y del trabajo de todos los equipos de acción social de los municipios”.
La subsecretaria, Laura Ramborger, graficó la importancia del RAFE precisando que “cuando en agosto nos sucedió que no teníamos los fondos para pagarlo y necesitábamos una ley, si no hubiésemos pagado el RAFE, nuestro IVS hubiese sido el 6.8. Solamente sin el RAFE aumentábamos el índice de indigencia dos puntos y pico, es decir un 51%”, reveló.
El acto de presentación del IVS se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y participaron, además de Ziliotto; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Alvarez; la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger; el rector de Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa; intendentes e intendentas y diputados provinciales del FreJuPa.
El ministro Alvarez firmó con el rector Alpa un convenio de colaboración para que la UNLPam haga la “evaluación, revisión, monitoreo y auditoría de la elaboración del IVS.
El IVS mide si el núcleo familiar alcanza a cubrir las necesidades alimentarias con los ingresos totales que posee, declarados en la encuesta, y los que el Estado conoce (jubilaciones, pensiones, empleo registrado, programas de transferencia directas, etc.).
Cabe destacar que la medición anterior, en febrero de este año, el IVS provincial fue de 5,5%, y en Santa Rosa-Toay 5,7%. La baja en el porcentaje es atribuible, como factor principal, a la eficiencia en la aplicación del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE).
Los datos para elaborar esta herramienta fueron recabados de las localidades de Santa Rosa, Toay, General Pico, 25 de Mayo, Eduardo Castex, Jacinto Arauz, General Acha y Victorica. La sumatoria de datos de estas 8 localidades permiten contar con una medición certera y verificable del 68,6% de la totalidad de la población de La Pampa. La medición de febrero del año 2025 sumará a Macachín.
Además, se refirió también al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de La Pampa, que durante los últimos 40 años se redujo de un 18,8%, según el censo de 1980, a un 2,6% de las personas censadas en 2022. «La única verdad es la realidad, 40 años de políticas públicas al servicio de incluir, igualar, dar igualdad de oportunidades. Esto no nos detiene. Vamos a seguir luchando con el relato”, comentó.
En ese sentido, recordó que el año pasado “un medio nacional decía que habíamos inventado una encuesta para bajar a la mitad los pobres en la provincia. Sostennos que hay una diferencia grande entre una encuesta y un Estado presente y eficiente”.
Por último, agradeció “a los diputados que nos ayudaron, a tener la herramienta para algunos ganen un poco menos para llevar la justicia social a la gestión de los que menos tienen”. Esto en referencia a la ley de Aporte Extraordinario para atender a las familias más vulnerables.
Álvarez: “derecho a la alimentación”
El ministro de Diego Alvarez habló del impacto del RAFE. “En primer lugar, el RAFE ha garantizado que esos diez mil núcleos familiares tengan el acceso a la canasta básica alimentaria, un derecho que es el derecho a la alimentación. Por otro lado, lo que ha logrado es hacer un dinamismo de lo que es la economía en cada una de las localidades, producto de una inversión social que supera 1.600 millones de pesos mensuales que son distribuidos en las 79 localidades de la provincia”, dijo.
Completó en que “la suma de estos dos conceptos, tanto el desarrollo económico como la contención social, es el principal objetivo que hemos buscado como Gobierno provincial, que tiene que ver con una sociedad pacífica, como un pacificador social tener garantizado el acceso a la canasta básica alimentaria».
