Santa Rosa (2b) – Este martes se reunió la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Javier Torroba, y se trató la iniciativa por la cual se crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para debatir el proyecto, estuvieron presentes María Josefina Ignacio y Silvina Irrazábal, ambas integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Asimismo, participaron representantes del Colegio de Abogados de La Pampa: Susana Gemignani, Vanesa Ranocchia y Marcos Paz.
En primer lugar, Ignacio expresó su respaldo al proyecto de ley que impulsa la creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura en La Pampa. Durante su exposición ante las y los legisladores, destacó el compromiso de acompañar la construcción de leyes que fortalezcan la prevención y erradicación de tratos crueles e inhumanos.
«Estamos acompañando el proceso de construcción de esta ley, emitiendo recomendaciones y enviando pautas mínimas que deberían considerarse en la creación de mecanismos locales», sostuvo Ignacio, subrayando la importancia de respetar las particularidades de cada provincia.
Ignacio enfatizó que el alcance del mecanismo no se limita al control de cárceles y comisarías, sino que incluye áreas sensibles como la salud mental, la niñez y adolescencia en «contextos proteccionales» y los geriátricos.
«Estamos a favor de este proyecto porque cumple con las recomendaciones básicas que hemos señalado. Además, contempla la inclusión de la sociedad civil, un aspecto fundamental para garantizar pluralidad y representatividad en el comité», afirmó la representante del CNPT.
Asimismo, Ignacio valoró que la propuesta provincial se alinea con el espíritu de la ley nacional, permitiendo que el mecanismo de La Pampa se integre al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y al Consejo Federal, con posibilidad de representar a la provincia en instancias nacionales. «Es un paso significativo para fortalecer la prevención de la tortura y promover los derechos humanos en el territorio pampeano. Este mecanismo abre un panorama de participación que, sin duda, será valioso para la provincia», indicó.
Por su parte, Irrazábal señaló que este proyecto se «enmarca» en las obligaciones de la República Argentina tras ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que establece sistemas de monitoreo permanente para prevenir violaciones a los derechos humanos.
«La prevención es clave. Este sistema busca actuar antes de que ocurran los hechos, estableciendo organismos provinciales independientes y multidisciplinarios que monitoreen lugares de detención», afirmó Irrazábal.
La representante del CNPT valoró que el proyecto respete principios esenciales como «la autonomía, la independencia y la colaboración interinstitucional». También destacó que garantice el «acceso irrestricto» a los lugares de detención.
Irrazábal recordó que actualmente 15 provincias cuentan con mecanismos locales, lo que refleja un avance significativo desde 2020, cuando solo cuatro jurisdicciones los habían implementado. «Es alentador que La Pampa se sume a este esfuerzo, incorporando además la capacidad de emitir recomendaciones y contribuir a la elaboración de políticas públicas», subrayó.
«La capacidad de denuncia y querella -continuó Irrazábal- debe ser una herramienta de último recurso. Lo fundamental es garantizar el diálogo entre el comité y los poderes del Estado, junto con la elaboración de informes periódicos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas».
A su vez, remarcó que «la creación de este mecanismo no solo previene malos tratos, sino que también reduce las conflictividades en los lugares de encierro, un aporte invaluable para el sistema de derechos humanos en la provincia», concluyó Irrazábal.
El diputado Espartaco Marín se refirió a las limitaciones que enfrenta La Pampa en relación con el cumplimiento del cupo del servicio penitenciario federal. «En nuestra provincia, desde la ampliación de la Unidad 4 en 2007, ha sido un desafío constante incorporar presos pampeanos en el sistema federal, a pesar del convenio establecido. ¿Es posible que ustedes intervengan en esta cuestión dentro de las recomendaciones que emiten a los servicios penitenciarios?», consultó Marín.
En respuesta, María Josefina Ignacio reconoció la problemática y afirmó que el organismo ya había abordado este tema en ocasiones anteriores. «En nuestro informe tras la inspección a La Pampa, remitimos recomendaciones al Servicio Penitenciario Federal sobre esta cuestión. Sabemos que es una problemática generalizada en varias provincias, lo que no quita su relevancia. Nos comprometemos a reiterar estas recomendaciones para insistir en la solución de esta dificultad», aseguró Ignacio.
Por otro lado, Javier Torroba mencionó que el proyecto de ley plantea la creación de un Comité Provincial y un Consejo Consultivo. A raíz de esto, consultó si hay experiencias más ágiles que contemplen un único organismo.
«Lo que siempre señalamos es que la ley debe ser lo más consensuada posible, garantizando que el organismo que se cree sea activo y funcional», sostuvo Ignacio, quien destacó que en otras provincias se han implementado mecanismos exitosos con estructuras reducidas pero operativas.
Según explicó, lo fundamental es que el comité o comisión tenga «capacidad de acción» constante, con integrantes disponibles a tiempo completo. «Debe ser un organismo expeditivo y de trabajo permanente. Todo lo demás, como un consejo consultivo, puede incorporarse de manera dinámica si no representa un obstáculo para la aprobación de la ley», aclaró.
Ignacio planteó que, si la inclusión de un consejo consultivo resultara compleja en esta etapa, podría evaluarse más adelante en el marco de la reglamentación o a través de mesas de trabajo periódicas. «Lo importante es que la dinámica del comité permita convocar y establecer espacios amplios de participación cuando sea necesario», respondió.
Más adelante, Marcos Paz, representante del Colegio de Abogados, destacó la urgencia de esta iniciativa. «Este proyecto es necesario. Nuestra provincia enfrenta una realidad penitenciaria marcada por la vulneración constante de derechos humanos, el desarraigo de los privados de libertad y un sistema penitenciario nacional colapsado con el cual debemos negociar constantemente».
Asimismo, instó a que el Comité tenga una estructura eficiente, evitando la superposición de organismos, para garantizar un «impacto real» en la defensa de los derechos humanos: «No necesitamos grandes estructuras. Con un Comité fuerte y efectivo, es suficiente».
En otro orden, resaltó la «valentía» de los legisladores al abordar un tema «sensible» y subrayó la importancia de dotar al futuro Comité de «independencia» y «recursos suficientes» para cumplir con su objetivo: «Crear este Comité es un acto de coraje, pero no basta con su formalización. Debe ser un organismo sin miedo, que actúe sin condicionamientos y que tenga como única prioridad la defensa de los derechos humanos», señaló Paz.
Por su parte, el diputado Ranocchia destacó la urgencia de implementar medidas que garanticen los derechos humanos en los lugares de detención de La Pampa y subrayó que cualquier iniciativa orientada a proteger los derechos de sectores vulnerables es «saludable y necesaria».
Ranocchia describió las cárceles, alcaldías y dependencias policiales como «lugares de no derecho», donde persisten condiciones que calificó como «tratos crueles y degradantes» e instó a que el sistema apueste por la rehabilitación y resocialización: «No podemos permitir que las personas salgan en peores condiciones de las que ingresaron. Es clave garantizar acceso a la educación y herramientas que disminuyan la reincidencia», concluyó.
