Santa Rosa (2b) – La Mesa Intersindical expresó este viernes su descontento con el gobierno de La Pampa por las maniobras destinadas a desalentar el paro y la marcha realizados el jueves pasado. En una conferencia de prensa, los gremios denunciaron que 16 mil empleados públicos cobraron en noviembre menos que en octubre, y exigieron la reapertura de paritarias.
«Los sueldos están congelados», afirmó Roxana Rechimont, secretaria general de ATE, quien mostró recibos de sueldo como evidencia. Según detalló, muchas categorías fueron absorbidas por el fondo de garantía, lo que unificó los salarios. «Un trabajador de Categoría 7, con quince años de antigüedad, está cobrando un subsidio de 150 mil pesos por ser pobre. Esa es la realidad», sostuvo.
Reclamos por pérdida de poder adquisitivo
Rechimont explicó que, aunque los salarios acompañaron la inflación hasta octubre mediante cláusulas gatillo, en noviembre los descuentos de aportes y obra social anularon los aumentos. Además, criticó el impacto de las sumas no remunerativas en el achatamiento de la escala salarial y señaló que «la canasta básica supera los 1,3 millones de pesos», dejando a miles de trabajadores públicos por debajo de la línea de pobreza.
Entre otros cuestionamientos, denunció el incremento del bono de consulta médica del SEMPRE de 2 mil a 4 mil pesos, y la eliminación de la cobertura del 100% en controles ginecológicos, lo que incrementa los costos para las trabajadoras.
Jornada nacional de lucha
La Intersindical adelantó su adhesión a la jornada de lucha nacional del 5 de diciembre, reafirmando su reclamo por la reapertura de paritarias y medidas que aseguren una recuperación real del salario. «Es necesario dialogar y cambiar la política de recaudación en la provincia», enfatizó Rechimont, quien recordó que ya han presentado propuestas al gobierno.
Defensa del derecho al paro
En respuesta a intentos de deslegitimar la huelga, la Mesa Intersindical aseguró que todos los trabajadores están protegidos por una medida legalizada en la Secretaría de Trabajo, estén o no afiliados a un gremio. «Discutir la legalidad de un paro o prohibirlo es más perverso que ejercer el descuento. Los derechos laborales están amparados y no se pueden vulnerar», concluyó.
