Santa Rosa (2b) – Representantes de pueblos originarios pampeanos se reunieron hoy en MEDASUR para rechazar la derogación de la Ley 26160 impulsada por Nación, que tiene como objetivo desplazar a comunidades originarias de territorios conservados, para dar paso a la explotación minera. La medida fue anunciada el pasado 10 de diciembre por el presidente de la Nación, Javier Milei.
El secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero, destacó que “todo este tipo de políticas de derogación, que atrasan en el tiempo, nos chocan porque siempre estamos en pos de conseguir mejores herramientas desde el Gobierno provincial para poder cumplir con todos los objetivos que tenemos para con las comunidades».
“Creo que nadie puede estar en contra de lo que las comunidades están reclamando en esa reparación histórica. Como representante del Gobierno provincial en esta mesa quiero manifestar que el Poder Ejecutivo de La Pampa está totalmente en contra de estas medidas tomadas por el Gobierno nacional y nos encontramos en la vereda de enfrente tratando de construir y estructurar siempre las políticas públicas de las comunidades para que se sostengan y sean justas y equitativas, en esa lucha estamos. Nos resta un encuentro de plenario el 23 para poner en la mesa los temas, jerarquizarlos y establecer prioridades sobre los temas a tratar de cara al año entrante”, concluyó.
Comunicado
Ayelén Morales, integrante de la Asociación de Pueblos Aborígenes, dio lectura al comunicado firmado por diversas comunidades de pueblos originarios de distintas provincias de la Argentina.
“Las comunidades abajo firmantes del Pueblo Rankulche y del Pueblo Mapuche que habitamos este territorio, el Movimiento de Naciones y Pueblos originarios en lucha de La Pampa junto al Consejo Provincial Aborigen, queremos expresar nuestro repudio hacia la decisión que tomo el 10 de diciembre el gobierno fascista, conservador y exterminador de Javier Milei junto a sus ministros. En el día de los derechos humanos se derogó el DNU 805/21 del ex presidente Alberto Fernández que vencia en noviembre del 2025. Este DNU extiende la prórroga de la ley 26160 que nos protege y frena los desalojos a todas las comunidades del país y a su vez es la que exige que se realicen los relevamientos territoriales por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI)», señala el texto.
«Comprendemos con claridad que estas decisiones políticas no son hechas al azar, son parte de un programa de avasallamiento, destrucción y genocidio silencioso hacia nuestros pueblos. Basta solo con recordar que el 16 de abril conmemoró los 145 años de la campaña al desierto, el genocidio más brutal que hemos vivido como pueblos preexistentes. También la posición en contra de los derechos indígenas que mandó a votar en Naciones Unidas por su ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, que deja a la Argentina sola frente a la opinión internacional. O como el reconocimiento del 12 de octubre como día de la raza y la constante reivindicación a los próceres de la oligarquía latifundista de generación del 80, como Julio Argentino Roca, Mitre, Sarmiento y Victorica entre otros», señalaron.
Más adelante, el comunicado resaltó: «Por eso Milei opta por llevar adelante este DNU 1083/24, que es el complemento del RIGI que le exigen los monopolios imperialistas para saquear nuestros recursos tan preciados de nuestro país y nos queda claro en su argumentación cuando dice que la prolongación de la ley 26160 genera inseguridad jurídica a quienes se auto perciben legítimos propietarios privados, verdaderos usurpadores de nuestros territorios que pretenden no deja nada aquí, solo desolación, daño ambiental, muerte y presos. Esto es una violación directa a la Constitución Nacional de 1994 en su artículo 75 inciso17 y al al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es supraconstitucional y de obligatorio cumplimiento».
«Queremos aprovechar este espacio para pedir a todos nuestros diputados y senadores nacionales que repudien y voten en contra de este DNU. A su vez, a los diputados y diputadas provinciales, y a los diferentes Concejos Deliberantes de nuestra provincia que puedan expresar su repudio ya que este decreto le permite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzar con sus fuerzas represivas sobre nuestro territorio», indicaron.
«Por último, queremos decir que nosotros, los pueblos y naciones originarias, no fuimos, no somos, ni seremos enemigos del pueblo argentino como pretenden implantar aquellos que se disputan nuestro territorio. Por eso nos uniremos con todos los sectores que defiendan la Constitución Nacional y vamos a defender la integridad de nuestro país, hasta que se realice la reparación histórica que nos merecemos”.
