Santa Rosa (2b) – La Asamblea Autoconvocada contra el Ajuste de Milei, realizó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), para que se investigue la responsabilidad de funcionarios y organismos estatales por el suicido de la joven madre Antonella Villalba.
La integrante de la asamblea, Claudia Lupardo, explicó a 2b que en la denuncia se pidió que se inicie una investigación a la Municipalidad de Toay, específicamente al intendente, Ariel Rojas; a la Directora de Acción Social de Toay, Andrea Arteaga. En tanto, también se pidió el mismo procedimiento para funcionarios provinciales, como al Director Provincial de Niñez, Rodrigo Loftvall; al defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meacca; al ministro de Salud y subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Mario Kohan y Martín Malgá.
Según expresó Lupardo, «desde la Asamblea sostenemos que, ante la muerte de la joven Antonella Villalba hubo «incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona». Así cómo también, «vulneración de derechos de mujeres y niñeces (vivienda, servicios básicos, atención de toda la situación de alta vulnerabilidad físico, psicosocial) y obstaculización de acceso a derechos, como mercadería y garrafas», precisó.
Para la Asamblea, la joven madre toayense sufrió un «trato discriminatorio y desigual, violencia institucional, criminalización y judicialización de la situación de falta de vivienda adecuada».
Lupardo aseguró a este medio que «al día de la presentación de esta denuncia no hemos tenido conocimiento de que familiares de la joven fallecida, Antonella Villalba, hayan recibido atención en salud mental. Como así tampoco, la otra joven (Florencia) que vive en la casa adyacente, que fue testigo de la situación de violencia vivida por Antonella».
«Queremos que se investigue esta muerte en el marco de acciones que, como asamblea, y con un grupo de mujeres feministas, estuvimos haciendo desde julio de este año. El 31 de julio nos reunimos en Niñez provincial con Meacca y Loftvall, y ellos se comprometieron a darle solución al problema de la falta de vivienda de Flor y Anto, que habían ocupado dos casas municipales, en Toay», agregó.
En ese marco, advirtió: «no queremos que haya más «Antonellas» que vivan estas situaciones extremas de vulneración de derechos».
Sobre la denuncia, precisó: «el lunes 16, nos reunimos con Gabriela Tabernero y con Cecilia Bertolé en la FIA. Allí estuvimos un grupo de integrantes de la Asamblea. Se inició la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a todos los responsables intervinientes tanto municipales como provinciales. Hoy, formalicé la denuncia en el link de la fiscalía. Esperamos novedades al respecto», concluyó.
