Buenos Aires (2b) – Este miércoles, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, impuso un régimen laboral a los presos alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal que no contará con ninguna clase de contraprestación.
Así quedó plasmado en la Resolución 1346/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Bullrich. Allí se establece «la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios»
Y advierte estas labores «podrán ser llevadas a cabo durante cinco horas diarias y no serán remuneradas».
Para ello instruyó además al «Servicio Penitenciario Federal a elaborar los planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlar su cumplimiento».
La medida alcanza a los 12 mil internos de los 31 establecimientos que forman parte del Servicio Penitenciario Federal y regirá tanto para detenidos por delitos comunes, de alta peligrosidad y también los de lesa humanidad. Tampoco diferencia entre presos con condena firme y los que solamente fueron procesados y a los que se les dictó la prisión preventiva.
Los presos que se nieguen a trabajar gratis serán pasibles de sanción y se les podría impedir acceder a determinados beneficios.
La medida amplía el programa «Manos a la Obra», que implementó el Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles. “Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, había señalado Bullrich en octubre pasado, cuando presentó la iniciativa en la cárcel de Ezeiza y realizó actividades con un grupo de mujeres detenidas.
Por su parte el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, explicó a Infobae que la medida anunciada por el Gobierno busca reducir los tiempos de ocio que tienen los detenidos en los penales, al mismo tiempo que apunta a cambiar una lógica de funcionamiento interno. «Hay que erradicar la cultura tumbera», explicó Curi.
Y destacó que las tareas de limpieza y mantenimiento en las cárceles “no es trabajo y esto hay que diferenciarlo bien”. El funcionario explicó que en caso de que los internos se nieguen a cumplir esas obligaciones, recibirán sanciones que les impedirá acceder a beneficios por buena conducta, como tareas remuneradas, cambios de celdas y otros. “No tiene nada que ver con las visitas”, aclaró.
Los internos van a estar obligados a participar “en el mantenimiento y en el ordenamiento de los lugares donde están detenidos, entendiendo por esto la celda, el pabellón, los patios, la cancha de fútbol, los lugares comunes, los lugares de visita y todos los espacios donde ellos transitan su internación, para que participen en el cuidado y esto tiene que ver fundamentalmente con la idea del tratamiento penitenciario, que justamente apunta a adquirir hábitos de reinserción social”, explicó Curi.
