Santa Rosa (2b) – El senador pampeano Daniel Bensusán expresó su rechazo a la intención del gobierno de Javier Milei de eliminar la figura del femicidio del Código Penal. A través de la red social X (antes Twitter), el funcionario cuestionó la posible medida y advirtió sobre sus consecuencias:
«¿Saldrán antes de las cárceles los femicidas de Agustina Fernández, Micaela García, Jannet Zapata y de todas las mujeres que mueren cada 27 horas, víctimas de femicidio, en Argentina? El femicidio es una realidad, no es un curro. #DecíseloAElla», escribió Bensusán.
El debate sobre la eliminación del femicidio surgió a partir de las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que el gobierno de Milei busca derogar esta figura penal, argumentando que «la vida de un hombre y una mujer valen lo mismo y no puede haber diferencias en la ley». Sin embargo, organismos de derechos humanos, colectivos feministas y juristas alertaron que esta medida implicaría un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género.
La figura del femicidio fue incorporada al Código Penal en 2012 mediante la Ley 26.791, que agrava las penas en los casos en los que un hombre asesina a una mujer por razones de género. Su inclusión buscó visibilizar la violencia estructural contra las mujeres y garantizar condenas ejemplares para los agresores.
Según el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven», en Argentina ocurre un femicidio cada 27 horas. En muchos casos, los culpables son parejas o exparejas de las víctimas, y la existencia de esta figura ha permitido penas más severas y el reconocimiento del contexto de violencia de género en estos crímenes.
Distintas organizaciones anticiparon que, de avanzar esta iniciativa, podrían presentarse recursos para la revisión de condenas firmes por femicidio, lo que abriría la posibilidad de que asesinos condenados accedan a beneficios judiciales.
El posteo de Bensusán se suma a una ola de críticas contra la decisión del gobierno libertario. Legisladores, activistas y familiares de víctimas exigen que no se derogue una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista.
