Buenos Aires (2b) – A pesar de que las entidades financieras y billeteras virtuales deben cumplir con esta obligación, desde la entidad sostienen que el impacto en los consumidores será nulo. Y aseguran que la medida tiene como objetivo mejorar el control y la transparencia en el sistema financiero.
Desde este jueves 2 de enero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comienza a aplicar una nueva actualización de los montos a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deberán informar sobre las transacciones, saldos y consumos de sus clientes. Esta medida, que responde a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, no afecta de manera directa a los consumidores, sino que impone nuevas obligaciones a las plataformas financieras.
La normativa establece que a partir de este mes, los montos que superen ciertas cifras deberán ser reportados por las entidades, según informó el sitio Política Argentina. En el caso de las operaciones realizadas con tarjetas de débito dentro del país, así como los ingresos y egresos en billeteras virtuales, la obligación de informar se activará cuando el total supere los $600.000. Esta cifra también aplica para la totalidad de los consumos realizados en estos medios.
Para las acreditaciones bancarias, los depósitos a plazo, las extracciones de efectivo y los saldos finales en cuentas bancarias y billeteras virtuales, el monto mínimo establecido para la obligación de informar será de $1.000.000. En tanto, las transferencias superiores a $2.000.000, tanto en billeteras virtuales como en bancos, estarán sometidas a un régimen de reporte adicional.
Sin embargo, las billeteras virtuales del exterior no están obligadas a informar sobre operaciones, transferencias y saldos de sus usuarios al organismo fiscal argentino, puntualizó una nota de El Cronista.
Una buena alternativa para tener ahorros en dólares sin que la ARCA controle dichos movimientos es utilizar PayPal, Wise, Neteller, Skrill y Payoneer.
Todas estas billeteras operan fuera del país, donde se encuentran sus respectivas sedes. A causa de que las leyes de origen protegen la privacidad de los datos financieros, no realizan intercambio de información con la agencia argentina.
