Santa Rosa (2b) – La implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa ha generado un fuerte rechazo por parte de la Mesa Intersindical de gremios estatales de La Pampa. A través de un comunicado difundido este lunes, los sindicatos expresaron su preocupación y exigieron que el Gobierno Provincial se pronuncie sobre la medida.
«Los gremios que integramos la Mesa Intersindical observamos con preocupación el avance, apatía y desinformación en torno a la implementación de la RTO. Es importante destacar que muchas personas utilizan sus vehículos no solo como transporte sino también como herramienta laboral y medio de subsistencia. Este tipo de imposición confiscatoria tiene como principal destinatario a la clase trabajadora y menos pudiente de la sociedad», expresaron.
En el documento, los sindicatos manifestaron su preocupación por el impacto económico de la medida: «La imposición de requisitos técnicos que pueden resultar onerosos y difíciles de cumplir para quienes tienen menos recursos genera una carga adicional en estos días, que puede llevar a la exclusión social y económica. Imponer obligaciones que no siempre son fáciles de afrontar, y que además pueden derivar en sanciones, agrava aún más la situación de vulnerabilidad de muchas familias».
Los gremios también denunciaron posibles irregularidades en la aplicación de la normativa y su contradicción con la legislación provincial. «Hemos observado en redes sociales que reconocidos profesionales del derecho han llamado a impugnar las infracciones. Además, la habilitación del taller monopólico responsable de la revisión no está claramente resuelta. Tampoco es claro si la normativa afecta solo a los residentes de Santa Rosa, ya que en estos días se han realizado controles en la Avenida Perón, a escasos metros del límite con la ciudad de Toay. Esto deja en una situación de incertidumbre a los ciudadanos de esa comunidad, que mantienen una comunicación permanente con la capital provincial, así como a quienes transitan ocasionalmente por la zona», advirtieron.
En ese sentido, la Mesa Intersindical reclamó definiciones por parte del Ejecutivo provincial: «Ante el silencio cómplice y la falta de una comunicación oficial seria, solicitamos al Gobierno Provincial que se expida sobre este tema. Es necesario que explique a la ciudadanía si es posible adherir a medias a una ley provincial, la legalidad o no de esta ordenanza, el impacto de injusticia social que implica su aplicación y, por último, cómo debe actuar quien se encuentre en un operativo con esta desagradable imposición recaudatoria».
