General Pico (2bNorte) – Formalizaron al intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, por no declarar una sociedad comercial. La formalización se realizó este martes en horas del mediodía en los Tribunales de General Pico, donde se le imputó el delito de «omisión maliciosa».
La audiencia de formalización se realizó ante la jueza de control, Jimena Cardoso, a pedido del fiscal adjunto Matías Juan, quien estuvo acompañado del fiscal general Armando Agüero. Salvadori fue asistido por el abogado piquense Hernán Salamone.
El fiscal Juan informó el inicio formal de investigación al intendente por no haber incluido en su declaración jurada una sociedad comercial a su nombre radicada en provincia de Córdoba, tal como lo requiere la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia, y en violación al artículo 283 del Código Penal. La denuncia fue presentada por los concejales de Luiggi, luego que se descubriera una gran cantidad de cheques rechazados de Salvadori, que no son parte de este proceso judicial.
El fiscal recordó que el intendente ya declaró en Fiscalía, donde dijo que no haber incluido la sociedad comercial por recomendación de una contadora de Luiggi, de apellido Martín, quien le había sugerido no hacerlo por la firma no registraba movimientos al momento de presentar la declaración jurada. El mismo fiscal señaló que la contadora fue citada a declarar y negó tal consejo, porque desconocía la existencia de la firma.
Juan mencionó, además, que se convocó a un hombre de Córdoba a quien el intendente identificó en su declaración como un contador que le sugirió abrir la sociedad en Río Cuarto por cuestiones burocráticas.
A su turno, el defensor Salamone aclaró que la contadora le pidió que en la declaración incluyera activo y pasivos, razón por la cual no incorporó la sociedad en la declaración jurada, ya que la misma llevaba un mes de registrada y no tenía movimientos. También indicó que el supuesto contador cordobés es en realidad un «prestamista».
Finalmente, la jueza Cordoso dio por formalizada la investigación por «omisión maliciosa», delito que tiene una escala de 15 días a dos años de prisión en suspenso, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
