Santa Rosa (2b) – La Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, cuya secretaria general es la abogada pampeana Sandra Abdo, y la Confederación General de Profesionales de la República Argentina expresaron su «enfático y unánime rechazo» al Proyecto de Ley Nacional que pretende «desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones», así como la «creación de un Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación».
El proyecto de ley impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano (foto), busca reemplazar el sistema colegiado por un registro en manos del Ministerio de Capital Humano, lo que indudablemente impactaría en la calidad del ejercicio profesional. Las entidades exigieron el cese de esta iniciativa que atenta contra el federalismo, la calidad de los servicios profesionales y el bienestar de la sociedad argentina.
«Denunciamos que se trata de un proyecto de evidente inconstitucionalidad, ya que sus pretensiones representan una clara intromisión sobre las competencias reservadas por las provincias. El Artículo 121 de la Constitución Nacional consagra claramente que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, incluyendo la facultad de reglar el ejercicio de las profesiones, tanto universitarias como no universitarias. Este principio fundamental, pilar del sistema federal argentino, ha sido consistentemente ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una extensa y sólida jurisprudencia», se indicó en un comunicado.
Esta iniciativa de desregulación y la creación de un Registro Nacional representan una grave amenaza para las funciones de control y regulación que ejercen los Colegios, Consejos Profesionales, Cajas de Previsión y Federaciones, funciones que trascienden ampliamente la mera matriculación. Estas entidades desempeñan un rol esencial en la fiscalización del ejercicio profesional, garantizando su ética, el mantenimiento de rigurosos estándares de capacitación y formación continua, y la supervisión del cumplimiento de las normas deontológicas.
«El propuesto Registro Nacional, con su enfoque centralizado y limitado, sería incapaz de replicar la capilaridad, el conocimiento específico de cada profesión y jurisdicción, y la capacidad de sanción disciplinaria que actualmente ejercen las instituciones provinciales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios profesionales y la protección del interés público», se explicó.
Las entidades indicaron que el discurso simplista del «abaratamiento» y la «reducción de burocracia» encubre un peligroso retroceso en la protección de la comunidad. La experiencia demuestra que en aquellas jurisdicciones donde la colegiación legal es débil o inexistente, se observa una mayor desprotección de los profesionales y, de manera aún más preocupante, una falta de control efectivo sobre el ejercicio profesional. Esto facilita el intrusismo, la mala praxis y la vulneración de los derechos de los ciudadanos que confían en la idoneidad y la ética de los profesionales, que a los colegios corresponde garantizar. La eliminación de los mecanismos de control y regulación provinciales dejaría indefensa a la sociedad frente a prácticas profesionales deficientes o fraudulentas.
Finalmente, la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina advirtió sobre el grave daño que esta desregulación podría infligir al sistema previsional profesional. Las cajas provinciales, construidas con el aporte de los propios profesionales y adaptadas a las particularidades de cada sector y jurisdicción, garantizan la seguridad social de miles de trabajadores. La desarticulación de los marcos regulatorios provinciales y la imposición de un registro nacional centralizado e inconsulto ponen en serio riesgo la sostenibilidad y la viabilidad futura de estos sistemas previsionales, generando incertidumbre y desprotección para los profesionales y sus familias.
