Santa Rosa (2b) – El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, fue reelecto como representante argentino en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) por un mandato de dos años.
La decisión se adoptó durante la asamblea plenaria de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo a República Dominicana. Allí también fueron designados otros tres funcionarios judiciales argentinos en distintas comisiones, siempre en representación del país: el ministro de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en Justicia Medioambiental; el secretario decano de la Corte, Damián Font, en Coordinación y Seguimiento; y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero, en Altos Estudios.
En ese marco, los poderes judiciales de las naciones participantes, a través de la Declaración de Santo Domingo, se comprometieron a adoptar una serie de recomendaciones y acciones que “contribuyan a fortalecer y promover una Justicia centrada en las personas”.
Entre esas acciones sobresalen: garantizar la igualdad de género y promover la protección de los derechos ambientales, actualizar el mapa judicial iberoamericano, innovar y digitalizar, atender el impacto de la inteligencia artificial, fomentar la cooperación solidaria, promover la educación y capacitación judicial e incorporar los productos axiológicos en la planificación estratégica.
El objetivo de la implementación de esas acciones es, según se destacó en el documento, es “fortalecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia que responda a las necesidades de todas las personas”.
Justamente el lema de la Cumbre fue “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas” y estuvo enfocado en tres ejes estratégicos: a) justicia oportuna, sin mora; b) justicia inclusiva, que garantice el acceso para todas las personas; y c) justicia confiable, cimentada en la transparencia.
«La Declaración de Santo Domingo es un llamado a la acción transformadora; así como una invitación y un reclamo a continuar fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho, en un tiempo donde instituciones y derechos enfrentan cuestionamientos múltiples que ponen en riesgo las grandes conquistas de los pueblos iberoamericanos», señaló el comunicado de cierre.
La declaración de la Cumbre de Santo Domingo fue firmada por Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Uruguay, República Dominicana y Venezuela.
