Santa Rosa (2b) – El Juzgado Federal de General Roca dio curso al amparo ambiental presentado por el Gobierno de Río Negro y diversos actores institucionales y empresariales, y requirió al Estado Nacional y a Vialidad Nacional que en un plazo de once días presenten un informe detallado sobre las causas del deterioro y la omisión en el mantenimiento de la Ruta Nacional 151, en el tramo que va desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa.
Además, la jueza interviniente otorgó un plazo de cinco días para que ambos organismos respondan a la solicitud de medidas cautelares, que incluye la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir siniestros viales, mientras se analiza la viabilidad de una reparación integral.
El recurso judicial reclama que se declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de obras y que se ordene la reparación total de los 150 kilómetros afectados. También se exige la elaboración de un plan técnico y presupuestario con informes periódicos que garanticen la ejecución de las tareas.
Entre los argumentos centrales del escrito se advierte que el grave estado de la ruta afecta derechos básicos de la población como el acceso a la salud pública —con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 por esa vía— y el acceso a la educación, ya que diariamente más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes transitan el trayecto para asistir a unas 70 escuelas de la región. También se ven perjudicadas actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, responsable del 72% del petróleo y el 42% del gas que produce Río Negro.
El amparo también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, indicando que los fondos que deben destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte —como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles, previsto por ley— han sido desviados, dejando rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso.
La demanda se basa en la Constitución Nacional, pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449).
La presentación fue encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, el fiscal adjunto Luciano Minetti Kern, la defensora del Pueblo Adriana Santagati, y los intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande. También adhirieron representantes de las principales cámaras empresariales vinculadas a la producción y los servicios de la región.
Desde el gobierno rionegrino señalan que esta acción busca marcar un precedente judicial que permita a otras provincias exigir la realización de obras públicas urgentes cuando el Estado Nacional no cumple con sus obligaciones. La causa ya comenzó a tramitarse y en los próximos días se espera la respuesta oficial de las autoridades nacionales involucradas.
