Buenos Aires (2b) – El proyecto cosechó 56 votos a favor y ninguno en contra. Conmovedor discurso de Luis Juez. Los puntos principales de una norma largamente esperada por la oposición.
Por unanimidad (56 votos positivos), la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.
El proyecto, como las otras dos medias sanciones tratadas esta jornada en la Cámara alta había recibido sanción de Diputados el pasado 4 de junio, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.
Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.
En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.
Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.
Conmovedor discurso de Luis Juez
Reconocido hombre cercano al presidente Javier Milei, el senador cordobés Luis Juez votó este jueves en el Senado -junto a Unión por la Patria y otros opositores- a favor de incorporar la emergencia en discapacidad en el primer orden del temario, además de reconocer la validez del dictamen.
Con un tema que lo toca en lo personal por la discapacidad de su hija Milagros, el legislador arrancó: «Probablemente esté hablando un padre y no un senador. Soy una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira».
«Muchos prestadores cobran menos que un albañil», lamentó y recordó que durante el gobierno de Cambiemos, del cual fue parte, hubo un presidenta del Senado, Gabriela Michetti, en condición de discapacidad. Sin embargo, durante esa gestión «no hicieron nada, nada. No quiero ofender a nadie. Pero en esta sociedad, nuestros hijos son invisibles».
Juez recordó que «cuando votó Milagros por primera vez estábamos enloquecidos de contentos. Me mataron en las redes».
«Nuestras prestadoras desde diciembre no han tenido un solo aumento», resaltó y señaló que «cuando se van es porque tienen un salario miserable», y en ese momento «es una angustia monstruosa volver a encontrar alguien que empatice».
En su discurso, el senador del Frente Pro dijo: «¿Alguien podía pensar que en este tema podía hacerme el tonto y mirar para el costado?». Sobre la ley, opinó que «viene a reparar modestamente» y «mínimamente intenta darle un acompañamiento a un sector invisibilizado».
«Sé que hay muchos que están aprovechando el tema. Es un tema de altísima sensibilidad», expresó y aseguró que las irregularidades que puede haber en las pensiones por discapacidad «no pueden ser un obstáculo para que avancemos y los discapacitados no tengan la dignidad que se merece cualquier ciudadano».
Finalmente, el cordobés sostuvo: «Yo quiero acompañar esta ley. No importa cuánto afecta, no importa qué dicen los economistas. Nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad».
El debate
Abrió el debate del tema el senador Fernando Salino de Unión por la Patria, quien recordó que «el nomenclador con el que se les paga (a los prestadores) no se actualiza desde diciembre de 2024 y el aumento en ese momento fue del 0,5%». «La ley habla de aranceles, de regularizar los pagos atrasados, de las pensiones no contributivas, de mejorar la Agencia Nacional de Discapacidad y de respetar los cupos de trabajo», enumeró.
El puntano indicó que «el costo de este proyecto no alcanza del 0.22 al 0.42 del PBI, según la OPC». Actualmente, «se están cortando las terapias, el transporte y las maestras integradoras; y se está pagando 500 pesos el kilómetro a los prestadores», reveló sobre la situación del colectivo. En esa línea, consideró que «juzgar esto desde los números tiene muy poco sentido, porque estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de la población».
Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Stefanía Cora aseguró que «este expediente es una urgencia» porque «hay una sociedad que está mirando con muchísima preocupación todo lo que está ocurriendo hoy aquí». Mencionó que la ley apunta a que «se puedan cumplimentar todos y cada uno» de los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional.
«Todos los índices están en contra del sistema que protege a las personas con discapacidad desde la devaluación de diciembre de 2023», advirtió la camporista y manifestó que «esto no es una cuestión de gasto público, el Estado está en deuda con las personas con discapacidad». «Bajo ningún punto de vista me van a convencer de la crueldad. Esta ley viene a reparar tanta injusticia», añadió.
En el cierre, la vicejefa de UP, Anabel Fernández Sagasti, consideró que «hay una emergencia moral, de valores, en este tema específicamente. Que no es un tema entre privados, como dijo el Gobierno nacional, ni siquiera un tema de caridad. Es un tema de derechos internacional».
La mendocina observó el contexto actual en el que «hay un presidente que a la luz de todos se mete con un chico que defiende sus derechos», en alusión a Ian Moche y el posteo de Javier Milei cuestionando la participación del niño con autismo en programas de televisión. «No podemos mirar para el costado, porque eso convalida a que un montón de personas hagan lo mismo en lo cotidiano», enfatizó.
«Si no les gusta la empatía, bueno, siéntalo como un deber legal y constitucional que tenemos que cumplir», dijo y concluyó: «Esperemos que sigamos trabajando en estos temas, que sí son costosos, pero la verdad que el déficit moral al que está acudiendo la Argentina, para mí es insoportable. Y nosotros tenemos el poder como senadores de parar esto».
