Buenos Aires (2b) – La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó este martes nuevas medidas de discovery en el juicio por la estatización del 51% de YPF, que podrían agravar el frente judicial y político del Gobierno argentino. Entre las resoluciones, la magistrada pidió acceder a mensajes de WhatsApp y correos electrónicos del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa, en el marco de la demanda que lleva adelante el fondo Burford Capital.
La medida, que busca determinar el nivel de injerencia estatal en YPF, fue formalizada en una audiencia de 90 minutos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron fuentes a Clarín. Si bien Preska ya había mencionado este pedido en septiembre de 2024, es la primera vez que lo formaliza en el expediente.
El discovery solicitado por Burford Capital —financiador de las demandas iniciadas por Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park— apunta a probar que el Gobierno argentino influye o ha influido en las decisiones de YPF, una sociedad anónima que opera con control estatal. Entre los argumentos, el fondo sostiene que el Ejecutivo define los precios de combustibles o direcciona inversiones según criterios políticos.
Burford también solicitó información sobre los procesos de privatización en marcha, como los de Vialidad, Transener y AySA, lo que podría impactar negativamente en esas operaciones.
Además, la jueza ordenó que Argentina detalle activos de empresas públicas que podrían ser embargables, como los bienes del Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa) —dueña del gasoducto de Vaca Muerta y parte de Transener— y la propia YPF.
La próxima audiencia quedó fijada para el 6 de agosto, con el objetivo de monitorear el avance en el cumplimiento de las medidas ordenadas.
Dura reacción del Gobierno argentino
Tras la audiencia, la Procuración del Tesoro emitió un duro comunicado en el que calificó la medida como “una violación de las leyes de Estados Unidos y Argentina” y advirtió que atenta contra la soberanía nacional.
“La República ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery, entregando más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en distintos países”, señaló el organismo. Y denunció que el fondo Burford está “abusando del proceso” con el fin de “hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes” de la recuperación económica.
El Gobierno adelantó que evalúa apelar la orden de discovery y ratificó su derecho a ejercer una “legítima defensa” en el proceso judicial que, con intereses acumulados, ya supera los 16.100 millones de dólares, con un incremento diario estimado en 2,5 millones.
Por otra vía judicial, una Corte de Apelaciones deberá resolver en los próximos días si levanta o sostiene una cautelar que impide por el momento la entrega del 51% de las acciones de YPF como garantía de cumplimiento del fallo principal.
