Buenos Aires (2b) – Con dos dictámenes, avanzó la emergencia sanitaria en el Garrahan en el Senado. El encuentro se extendió de más tras el anuncio de la senadora Edith Terenzi y la incorporación de un dictamen con modificaciones. Los integrantes de Unión por la Patria y los legisladores porteños se manifestaron en contra de hacer cambios y pidieron celeridad con la sanción de la ley. Asimismo, la oposición se alzó con el dictamen de la ley de financiamiento universitario. El kirchnerismo quiere llevar los temas al recinto este mismo jueves, pero necesitará juntar dos tercios de los votos.
Después de haberse corrido una semana, el plenario de las comisiones de Salud, de Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó con el proyecto que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica en el Hospital Garrahan. Se pasó a la firma el dictamen con el texto de la media sanción de la Cámara de Diputados y se sumó otro con modificaciones motorizado por la senadora chubutense Edith Terenzi.
Antes de que los legisladores presentes tomen la palabra, fueron leídos los cambios en la nómina de integrantes de las comisiones del plenario: en Presupuesto y Hacienda, Daniel Kroneberger reemplazó a Pablo Blanco (según supo este medio, su vuelo se retrasó por la tormenta); Florencia López y Flavio Fama en lugar de Oscar Parrilli y Mercedes Valenzuela; y, por último, Eduardo Vischi pasó a ocupar el lugar de Valenzuela en Salud.
Lo que se presentaba como un trámite parlamentario cordial, terminó empantanándose en diferentes contrapuntos entre los vocales, a partir del anuncio de Edith Terenzi y la presentación de dictamen alternativo repleto de modificaciones. En su texto, incorpora la creación de un nomenclador de aplicación obligatoria para “jerarquizar y transparentar” los valores de las partidas médicas para asegurar una remuneración justa.
Terenzi, quien representa al gobernador chubutense Ignacio Torres, justificó el dictamen impulsado y lo vinculó a la posibilidad de que también sea vetado por el presidente Javier Milei. Luego, se defendió y expresó que “en 2024 el Hospital Garrahan asistió a 2347 consultas de paciente de Chubut”, y añadió: “Hagamos lo posible para que este reclamo sea racional y sea posible”.
De inmediato, los integrantes de la oposición -los miembros de Unión por la Patria y los senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires- alegaron que la presentación de un dictamen con modificaciones podría retrasar la sanción de la ley. En contraste, los oficialistas Ezequiel Atauche y Carmen Álvarez Rivero dieron lugar a la propuesta de la senadora chubutense.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci, anunció el pase a la firma de los dictámenes. El de mayoría, el texto con media sanción de la Cámara baja sin cambios, reunió más de 30 rúbricas. Además de los integrantes de las tres bancadas peronistas (Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal), firmaron Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Víctor Zimmermann.
Voces a favor del Hospital Garrahan
En el rol de presidenta de la comisión cabecera, Lucía Corpacci identificó al nosocomio infantil ubicado en Pichincha 1890 como “el hospital más federal”. Luego, remarcó: “Además es formador de especialistas pediátricos, pero los becados se han reducido al 50%, lo que significa una baja en los recursos humanos”. “Corremos riesgo que estos recursos humanos que tanto nos costó formar, se vayan a otros sectores”, presentó.
Con una posición contraria a la del Gobierno nacional, la senadora catamarqueña cargó que “los insumos de salud han aumentado considerablemente”, y se defendió: “No se puede seguir tolerando esta descalificación del otro y el maltrato de ser nombrados como ‘vagos’”. De cara al debate en el recinto, añadió que “el proyecto es el reconocimiento a la tarea del Garrahan”, y cerró: “Acá hablamos de salud pública amparada por tratados internacionales de la OMS”.
Una vez que Terenzi anunció su dictamen, el jefe de interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, tomó la palabra brevemente y deslizó: “El artículo 1 dice emergencia… ya… ahora”. Sin ánimos de perder tiempo (tanto en el plenario como en el proceso de sanción), sumó: “Este proyecto modifica la ley y vuelve a Diputados (el de la chubutense) y el Garrahan necesita esto que dice Diputados”. “Devolverla a Diputados con todas esas modificaciones es sepultarla”, enfatizó el formoseño.
En sintonía con la reacción de Unión por la Patria, el senador porteño Martín Lousteau recordó que “en la pandemia declaramos que había trabajadores esenciales que eran los médicos y trabajadores de la salud, pero tiempo después, nos olvidamos quienes son esenciales”. En defensa de la media sanción, amplió: “No es solo por la ausencia de recursos y bajos salarios, si no son quienes atienden a los niños de Argentina con patologías complejas”.
Crítico de la postura del Gobierno nacional, el integrante del bloque radical remarcó que “llegamos a esta instancia porque hay una emergencia”. Para terminar su intervención le mandó un mensaje al Ejecutivo y anticipó su voto en el recinto: “Hay que arreglar la economía, pero hay algunas cosas que si se rompen no tienen arreglo y hay que aprobar la media sanción, así como vino”.
A su turno, la senadora nacional Juliana di Tullio, con gestos de indignación, se refirió a la propuesta de modificaciones de Edith Terenzi: “Es un error pensarlo desde donde lo piensa porque hoy estamos trabajando en emergencia”. También le propinó respuestas por lo vinculado al veto: “Nuestro rol es el rol de la representación de nuestras provincias y no podemos tomar decisiones legislativas porque el presidente tiene una visión absolutamente totalitaria”.
“Es ingenuo presentar este dictamen, pero también lo hace desde el lugar equivocado”, reflexionó Di Tullio en contra de lo hecho por Terenzi. Para cerrar, auguró que “el Senado tiene que aprobar esta emergencia porque ojalá hubiera diez Garrahan, pero hay uno”. Sobre la posibilidad del veto, le advirtió a la chubutense: “El presidente tiene una posición irreductible y usted lo sabe”.
“Hoy logramos dictamen favorable. Declarar la emergencia pediátrica es garantizar los derechos de los niños y una buena atención médica. Es hora de poner un freno al presidente Javier Milei y que la plata se invierta en lo que es necesario y urgente. El Hospital Garrahan es un símbolo de esperanza para miles de familias y tenemos que apoyarlo”, expresó la senadora nacional Natalia Gadano, vicepresidente de la comisión de Población y Desarrollo Humano.
En representación del bloque radical, el senador chaqueño Víctor Zimmermann, comenzó su intervención al expresar: “Celebro la celeridad y felicito a los presidentes de todas las comisiones por llevar a adelante el debate de un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos”. Sin embargo, reflexionó y planteó dudas sobre el contenido del proyecto en revisión, pero a la hora de firmar el despacho acompañó el de mayoría.
Del lado de Convicción Federal, el senador puntano Fernando Salino consideró: “Si estamos bárbaro (económicamente) ¿Por qué cada vez que nos sentamos acá tenemos que tratar una emergencia?”. Luego, se refirió a la tardanza de envío de las medias sanciones por parte de las autoridades de la Cámara baja: “El gobierno de la auditoría y la transparencia hace estas cosas” al hablar sobre que la media sanción en la Cámara de Diputados se aprobó el 6 de agosto, pero llegó al Senado el 13 de agosto.
Del mismo espacio, la senadora jujeña Carolina Moisés agregó que “la prioridad es firmar el dictamen de la Cámara de Diputados”, y apuntó contra la gestión libertaria: “Lo del Garrahan es lo más extremo en la violencia ejercida por este Gobierno nacional sobre toda la sociedad argentina”. Para terminar, le mandó un mensaje a los miembros de la oposición dialoguista: “No podemos decir que defendemos al Garrahan y a la salud pública y no firmar el dictamen”.
Así es que al concluir la extensa reunión -poco antes de las 20- el senador José Mayans intervino para decir: “El jueves, sesión ordinaria, queremos trabajar, y tenemos temas que son urgentes. Dejarlo para la otra semana sería dilatar vanamente, así que ojalá que reflexionen y que sesionemos el jueves”. Se refería al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, sentado a su lado y al que trataba de convencer.
El plenario de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda comenzó luego de un intenso debate que hubo por otro proyecto -que también rechaza el oficialismo-: la emergencia pediátrica, a raíz del conflicto del hospital Garrahan.
Tras elegirse como vicepresidente de Educación al radical Flavio Fama, el presidente de la comisión, el kirchnerista Eduardo «Wado» de Pedro, destacó que la media sanción surgió de una propuesta que «fue iniciada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), el frente estudiantil y el frente sindical. Es una propuesta que el Congreso recibe del ecosistema universitario».
Defendió que la ley busca traer «una solución para paliar la situación de urgencia que tiene el sistema», a la vez de «garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento» de las universidades. Al explicar todos los puntos del proyecto uno por uno, remarcó que, a diferencia de la ley vetada el año pasado, ésta «tiene algunas características nuevas» como la que «incorpora la obligación de volver a utilizar la paritaria nacional».
El senador señaló que esta norma alcanzaría al beneficio de «137 instituciones universitarias y 54 universidades nacionales» a las que asisten «más de 2 millones de jóvenes» y en las que dan clases «más de 220 mil docentes». Además, subrayó que «el 85% del financiamiento» previsto en la ley «va a ir al salario». Y dijo que lo aclaraba porque «después vemos en los medios prejuicios instalados y campañas sucias», cuando lo que se busca es que «los docentes no estén por debajo de la línea de pobreza».
A su turno, el radical Martín Lousteau expresó que «el tema vuelve porque no se soluciona» aunque el Gobierno dice lo contrario. Respecto a los números, indicó que el salario docente universitario «está 30% por debajo de noviembre de 2023», mientras que «las transferencias a las universidades están casi 30% por debajo» de lo que eran en esa misma fecha.
«De todo lo que da el Estado no hay nada que pueda transformar más la trayectoria, ya no de una persona sino de una familia, a través de generaciones, que tener un graduado universitario», enfatizó y sostuvo que «eso es lo que rompemos cuando desfinanciamos: el progreso real de una familia».
El porteño recordó que «hace dos años no tenemos presupuesto» y el presidente «ataca discrecionalmente las cosas que quiere atacar».
Muy duro en contra del Gobierno, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó que el presidente «no entiende para qué conduce el Estado» y rechazó: «Nos amenaza si no hacemos lo que él hace». Además, criticó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, por no convocar a debatir proyectos opositores en «una acción absolutamente dilatoria».
«Tuvo una indigna conducción de la comisión. Todavía no tratamos eso, ahora estamos en plenario; todavía no terminó», advirtió en relación a la intención de desplazarlo de la presidencia. Y también le pegó al diputado José Luis Espert, que conduce la comisión homónima en la Cámara baja, al que calificó irónicamente como «gran candidato» y lo llamó «un charlatán de feria que no trabaja».
El formoseño afirmó que «el presidente quiere que el Parlamento no funcione, porque no cree en la división de poderes, es lo más cercano a una dictadura». Sobre el proyecto, dijo que «es sumamente importante para el país» y concluyó: «Rechazamos las expresiones del presidente que nos amenaza que nos va a meter presos».
Atauche recogió el guante y arrancó: «Puede haber un presupuesto con déficit o con superávit. Nosotros desde La Libertad Avanza, desde el Gobierno, preferimos un presupuesto con superávit. Y este año (el proyecto) va a volver a decir déficit cero». «Los argentinos no queremos más déficit, salir a pedir plata prestada o emitir», insistió.
«No nos pueden enseñar a gobernar porque este Gobierno sacó de la pobreza a 10 millones de personas que ustedes metieron en la pobreza. Solamente ese logro demuestra que estamos en el camino correcto», defendió.
En una breve intervención, el radical chaqueño Víctor Zimmermann coincidió en que «este es un tema trascendente» y aunque manifestó estar «absolutamente de acuerdo con el aumento» a los docentes, indicó que la paritaria «es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional» y «más que ponerlo como una obligación, tendríamos que exhortarlo». También observó el artículo referido al incentivo para carreras científicas.
En un discurso que abriría un nuevo cruce con Atauche, la vicejefa de UP, Anabel Fernández Sagasti, rechazó -como lo hizo Mayans- la cadena nacional de Javier Milei el pasado 8 de agosto, al considerarlo un hecho «gravísimo». Luego, mencionó que «en el 2001 hubo una ley de déficit cero» durante un gobierno «en el que estaba Patricia Bullrich, que le recortó el 13% a los jubilados; estaba (Federico) Sturzenegger. Me acuerdo también de un legislador, Ricardo López Murphy… hablando de universidades, duró una semana al intentar recortarle a las universidades. Y también estaba (Guillermo) Francos, porque Francos está desde 1972 en el Estado».
«No es nada nuevo lo que están haciendo. Recortan, recortan, recortan, para luego decir que son deficitarias y cerrarlas», denunció y defendió que el kirchnerismo «fue la primera fuerza política que tuvo superávit gemelos de 2003 a 2009».
La mendocina lanzó: «Pero además, en esos años, desendeudamos a la Argentina, nos sacamos de las espaldas al FMI, que sus funcionarios que ahora tienen, como Sturzenegger, endeudaron a la Argentina. Tuvimos el haber jubilatorio más alto de todo el continente. Y mientras tanto lo que hacíamos era crear 17 universidades para que en cada una de las provincias haya una universidad pública. Y de yapa tirábamos satélites al espacio».
Nuevamente al tomar la palabra, Atauche devolvió que en la gestión anterior «dejaron 300% de inflación» y “el país yéndose casi hacia Venezuela”. Por el contrario, sostuvo que con el gobierno de Milei el país “tuvo la moneda que más se apreció en el mundo y en un mes logramos superávit gemelos”.
Pero luego enfatizó que durante la gestión anterior las universidades “tuvieron 14 meses los salarios sin actualizarse. Cuando llegamos nosotros hacía 14 meses que no se actualizaban y no los vi a ustedes golpeando ollas. ¡Catorce meses en un país con 200 puntos de inflación, sin actualizar!”.
“Me gusta la memoria, que dice la senadora que yo no tengo… Tengo edad para recordar el silencio de ustedes, durante 14 meses con 200 puntos de inflación que no se actualizó” el salario de los profesores universitarios, reiteró y cargó contra “las universidades que ustedes inventaron”. Sobre esto, precisó que la Universidad Pedagógica tuvo solo 9 egresados. “Promedio, si se aumenta el monto de las universidades, 484 millones de pesos” por cada egresado. Y siguió con la Universidad Guillermo Brown, con un promedio de 424 millones de pesos por egresado, según dijo.
¿Qué dice el proyecto con media sanción?
El proyecto de financiamiento universitario recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
La iniciativa tiene por objeto «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina».
De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC «en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas». Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.
En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.
«Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega el articulado.
Además, exige que el PEN convoque «con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC».
Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.
También se contempla que la Auditoría General de la Nación «realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control».
