Santa Rosa y Buenos Aires (2b) – Mediante el Decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo vetó en su totalidad el proyecto de ley que modificaba el régimen de jubilaciones, pensiones y beneficios por discapacidad. La decisión se argumenta en el fuerte impacto fiscal que implicarían los cambios y en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.
El presidente de la Nación firmó este lunes el Decreto 534/2025, a través del cual se observa en su totalidad la norma sancionada recientemente por el Congreso que proponía modificaciones a las leyes vigentes sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones por discapacidad.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y justificada por el Poder Ejecutivo con base en el impacto significativo que tendría la reforma en las cuentas públicas. Según el texto del decreto, la iniciativa legislativa “carece de previsión de recursos para afrontar el incremento del gasto” y “pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad del sistema previsional”.
El proyecto vetado contemplaba, entre otros puntos, una actualización automática más favorable para haberes jubilatorios, la ampliación de pensiones no contributivas y nuevos criterios de compatibilidad para personas con discapacidad, lo que había generado expectativas en diversos sectores sociales.
Desde el oficialismo, advirtieron que la sanción parlamentaria no fue acompañada de estudios de factibilidad fiscal y que su entrada en vigencia implicaría “un retroceso en los objetivos de equilibrio y ordenamiento financiero que se vienen sosteniendo”.
Reacciones políticas
El veto generó fuertes críticas de bloques opositores y organizaciones sociales. Desde la oposición, sostienen que el rechazo del Ejecutivo implica un abandono del Estado hacia los sectores más vulnerables y acusaron al Gobierno de “gobernar con la calculadora sin considerar el impacto social”.
En tanto, fuentes oficiales aseguraron que se avanzará en “un nuevo esquema de protección social sustentable y focalizado”, y que el Ejecutivo no descarta una propuesta alternativa, aunque sujeta a los límites presupuestarios actuales.
Con este veto, el Ejecutivo evita una erogación estimada en 1,2% del PBI anual, según proyecciones privadas. Sin embargo, la decisión podría escalar en el plano político si la oposición busca insistir con la norma en el Congreso, lo que requeriría una mayoría especial en ambas cámaras para rechazar el veto presidencial.
