Santa Rosa (2b) – El Ministerio de Salud decidió suspender provisoriamente la revisión de las pensiones por discapacidad mientras avanza una investigación interna sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo intervenido luego de la difusión de audios de su ex director, Diego Spagnuolo, en los que reconocía una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos.
La medida fue adoptada por el ministro Mario Lugones, quien mantiene reuniones semanales en Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo para informar sobre el proceso de reordenamiento de la entidad.
Hasta ahora, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones detectadas con irregularidades:
- 110.522 correspondían a prestaciones mal otorgadas (con documentación repetida o fraudulenta).
- 8.107 eran cobradas por personas fallecidas.
- 10.038 pertenecían a beneficiarios que habían renunciado.
Sin embargo, tras el escándalo que involucró a Spagnuolo, el Gobierno dispuso revisar nuevamente esas bajas y frenar la auditoría en curso. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura”, explicó una fuente cercana a Lugones.
De esta forma, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los más de 1.013.400 beneficiarios que cobran este beneficio por invalidez laboral. Tampoco avanzará, por ahora, la idea de que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado para convertirse en un área bajo la órbita directa del Ministerio de Salud.
Obstáculo legislativo y tensión política
Una de las trabas para la reforma administrativa es que el Ejecutivo ya no cuenta con facultades delegadas tras la caída de la Ley Bases, por lo que cualquier cambio deberá pasar por el Congreso.
En paralelo, el Senado aprobó por amplia mayoría —con apoyo de kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales— la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. La norma también actualiza aranceles y compensaciones económicas.
El oficialismo sufrió así su primera derrota legislativa en más de dos décadas frente a un veto presidencial. La votación fue contundente: 63 votos a favor y apenas 7 en contra.
