Santa Rosa (2b) – El Gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial los decretos 759/2025 y 760/2025, con los que promulgó las leyes de financiamiento universitario (27.795) y de emergencia pediátrica (27.796). Pero, fiel a la lógica que ya aplicó con la ley de emergencia en discapacidad, dispuso que ambas normas no se ejecutarán hasta que el Congreso determine de dónde saldrá el dinero para financiarlas.
El argumento oficial se repite: el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente las fuentes de financiamiento”, lo que —según el Ejecutivo— imposibilita su aplicación inmediata. En los hechos, esto implica un nuevo freno a dos reclamos sociales y sanitarios urgentes, en un contexto en el que la inflación erosiona los presupuestos universitarios y el sistema de salud pública enfrenta una crisis de personal y recursos.
Universidades: promesa promulgada, fondos congelados
La Ley 27.795 establece un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas, prevé la recomposición salarial del personal docente y no docente, y destina recursos a becas, investigación, tecnología y formación académica. El texto, aprobado en el Congreso con amplio consenso, incluye una cláusula de actualización de salarios por inflación (IPC).
Pero la suspensión de su ejecución deja en el aire todo lo acordado. Desde distintos sectores universitarios ya se habla de “una promulgación vacía”. En La Pampa, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) convocó a manifestarse frente a la sede de la UNLPam en defensa del presupuesto y del salario de los trabajadores.
“Nos quieren hacer creer que promulgar es cumplir, pero sin financiamiento real es puro maquillaje político”, señalaron desde el gremio en un comunicado que circuló este mediodía.
Emergencia pediátrica: el Garrahan como símbolo
El Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas por un año. La norma busca garantizar la atención equitativa de niños y niñas, fortalecer hospitales como el Garrahan, y mejorar los salarios del personal sanitario. También prevé incentivos fiscales para quienes trabajen en áreas críticas.
Sin embargo, con la suspensión de su aplicación, la emergencia queda en papel. Los gremios médicos y asociaciones de pacientes advierten que los hospitales pediátricos siguen operando al límite, con guardias saturadas y salarios congelados.
La excusa fiscal y el trasfondo político
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado en septiembre que el Ejecutivo no aplicaría leyes que generaran “nuevos compromisos fiscales sin partidas específicas”. El argumento suena técnico, pero el trasfondo es político: el Gobierno usa la crisis fiscal como escudo para evitar ceder terreno en áreas donde la presión social se vuelve creciente, como la educación y la salud.
En la práctica, la Casa Rosada promulga para cumplir con la formalidad institucional, pero posterga para evitar el costo presupuestario, trasladando el conflicto al Congreso y a las provincias. El resultado es un doble discurso que erosiona la credibilidad del sistema republicano: leyes votadas por amplia mayoría pero que el Ejecutivo decide no ejecutar.
En La Pampa, la calle vuelve a hablar
La reacción en el interior no tardó. En La Pampa, la ADU ya organiza una jornada de protesta junto a organizaciones estudiantiles y sindicatos estatales. “No hay universidad posible sin financiamiento, ni derechos si todo se congela por decreto”, advirtieron los organizadores.
