Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional denunció una serie de maniobras irregulares en el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) de PAMI, que incluyen simulación de consultas, facturación sin respaldo, falsificación documental y uso indebido de datos personales de afiliados.
Según confirmaron autoridades del organismo, se detectaron casos en los que prestadores médicos, clínicas y farmacias aprovecharon vulnerabilidades del sistema electrónico para cobrar prestaciones inexistentes, emitir recetas falsas o manipular identidades.
En la actualidad existen al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por PAMI y la UFI-PAMI, en las que se investigan hechos que podrían constituir estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública. Las irregularidades detectadas incluyen generación de órdenes médicas inexistentes, prácticas facturadas sin realizar, uso indebido de usuarios profesionales, farmacias que dispensaban recetas inexistentes y centros médicos que compartían credenciales o manipulaban registros.
Frente a este escenario, la actual conducción del Instituto decidió endurecer los controles y avanzar en un esquema de trazabilidad más estricto. Entre las nuevas medidas se destacan la validación obligatoria de identidad, un sistema reforzado de monitoreo digital, auditorías permanentes sobre los umbrales prestacionales y la obligatoriedad del turnero de PAMI para garantizar que cada práctica tenga correlato real.
En su comunicado oficial, PAMI señaló que asume el compromiso de “terminar con la simulación de consultas, la falsificación documental y el uso indebido del sistema”, al tiempo que advirtió que cualquier desvío detectado será objeto de sanciones administrativas y penales. Las auditorías recientes, detallaron, evidenciaron un uso “desmedido” de servicios por parte de algunos prestadores, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
El organismo aclaró que las nuevas medidas apuntan a proteger los recursos de los jubilados, sin afectar la continuidad de las prestaciones médicas habituales. “Esta gestión no encubre: investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, concluyeron desde la institución, que ratificó su intención de modernizar el funcionamiento del Instituto y garantizar que cada peso se utilice en beneficio de los afiliados.
