Santa Rosa (2b) – Este martes comienzan las indagatorias en la causa que investiga una estructura de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acusada de haber funcionado durante casi dos años y de haber desviado 48.783 millones de pesos a través de sobornos, direccionamiento de contrataciones y maniobras de lavado de dinero. El fiscal federal Franco Picardi impulsó el llamado a declarar de 15 exfuncionarios, empresarios y operadores, quienes deberán responder ante el juez Sebastián Casanello por su presunta participación en una organización delictiva montada dentro del organismo nacional.
El primero citado es Miguel Ángel Calvete, figura clave del expediente y señalado como articulador entre la ANDIS y un circuito de empresas proveedoras de medicamentos e insumos de alto costo. Según la investigación, Calvete operaba como “conector” entre la agencia y varias droguerías, pese a no ser funcionario público. Tenía contacto directo con Diego Spagnuolo —ex número dos de la ANDIS, despedido tras la filtración de audios sobre presuntos pagos ilegales— y con Daniel Garbellini, otro de los principales acusados.
Una red que manipulaba compras, restringía la competencia y pagaba coimas
Las pruebas reunidas por la fiscalía sostienen que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó una estructura orientada a manipular contrataciones públicas, especialmente las vinculadas a Prestaciones e Insumos de Alto Costo (PACBI), donde se manejan medicamentos biológicos, implantes cocleares, audífonos e insumos de muy alto valor unitario.
Picardi indicó que el grupo de empresas beneficiadas participaba de compulsas de precios diseñadas para limitar la competencia, invitando siempre a los mismos tres o cuatro proveedores, lo que garantizaba adjudicaciones recurrentes y sobreprecios millonarios. Entre las droguerías mencionadas aparecen Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, varias de ellas vinculadas directa o indirectamente a Calvete.
En la primera etapa, se consolidaba un grupo cerrado de empresas que desplazaba a competidores reales. En la segunda, se inflaban los precios adjudicados. La maniobra alcanzó cifras multimillonarias:
Génesis y Profarma concentraron el 93,11% de las adjudicaciones verificadas entre julio 2024 y agosto 2025.
New Farma y Floresta recibieron más de la mitad de las adjudicaciones de implantes y audífonos de 2024 y 2025.
El fiscal determinó que parte de los fondos desviados se canalizaban a través de operaciones financieras hacia Alan Pocoví, Sergio Mastropietro y sus empresas de aviación privada, Baires Jets y Baires Fly, utilizadas para movilizar y presumiblemente blanquear el dinero.
Los cuadernos de Calvete y la contabilidad paralela
En los allanamientos se secuestraron cuadernos manuscritos de Calvete con listados de empresas, montos, porcentajes y contactos, además de un papel pegado en su cocina donde figuraban firmas proveedoras de la ANDIS. Esa documentación, junto con movimientos de cuentas y mensajes recuperados de teléfonos, permitió reconstruir un sistema de reparto de retornos y pagos ilegales.
Una de las planillas encontradas detalla “Costos”, “Diferencia” y “2/3 partes”, lo que indicaría un reparto de ganancias obtenidas por encima de los costos reales. Para la fiscalía, se trataba de contabilidad paralela del dinero que surgía de los sobreprecios y que luego se distribuía entre integrantes de la organización.
Un daño directo a las personas con discapacidad
El dictamen de Picardi sostuvo que la organización actuó “en perjuicio de la administración pública y del sector poblacional más vulnerable”, especialmente los beneficiarios del Programa Incluir Salud: personas con pensiones no contributivas, madres con siete hijos, mayores de 70 años sin cobertura médica y pacientes con enfermedades de alta complejidad.
“El circuito ilegal funcionó a costa de un sistema destinado a quienes más lo necesitan”, afirmó el fiscal, quien calificó el esquema como una “estructura criminal dedicada a obtener ganancias indebidas mediante fraude y pago de sobornos”.
Lo que viene
Durante esta semana, los 15 imputados deberán responder preguntas del juez y del fiscal. Entre los citados figuran exfuncionarios, operadores externos y empresarios. Las indagatorias son clave para definir procesamientos y avanzar hacia la etapa central del caso, en una causa que ya se perfila como una de las más graves de corrupción sanitaria de los últimos años.
